MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Camerún ha negado la entrada a una investigadora de Human Rights Watch (HRW) en el marco de la creciente violencia en las región anglófona, según ha denunciado este jueves la ONG, que ha advertido de que, pese a lo que considera un intento de censura, seguirá informando sobre las violaciones de los Derechos Humanos en el país.
El pasado 12 de abril, agentes del aeropuerto internacional de Douala impidieron a Ilaria Allegrozzi, investigadora de la ONG para África Central, ingresar en Camerún, a pesar de que tenía un visado válido para tres meses emitido el 25 de marzo, sin que le dieran ninguna explicación.
Allegrozzi, por su parte, defendió que en su solicitud de visado ya avisó de que pretendía viajar a la región anglófona de Camerún para realizar una investigación en nombre de HRW sobre los supuestos abusos cometidos tanto por parte de las tropas gubernamentales como las fuerzas separatistas.
La investigadora no recibió ninguna explicación en el aeropuerto y HRW tampoco ha recibido aclaraciones por parte de las autoridades camerunesas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tampoco obtuvo el permiso necesario para viajar a la región anglófona.
"El Gobierno está haciendo todo lo posible para mantener al mundo a oscuras sobre estos abusos, pero no tendrán éxito", ha dicho Philippe Bolopion, responsable de campañas globales de la ONG, aseverando que HRW "seguirá documentando e informando sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Camerún.
Human Rights Watch empezó a trabajar en Camerún en 1998. Desde 2018, ha emitido varios informes sobre las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del Gobierno y los grupos separatistas. Dos días antes de que Allegrozzi fuera frenada en Douala, publicó uno sobre un ataque perpetrado el 4 de abril por uniformados en la localidad de Meluf que dejó cinco civiles muertos, entre ellos uno con discapacidad mental.
La región anglófona de Camerún es escenario de una crisis que comenzó a final de 2016 cuando activistas anglófonos que denuncian discriminación respecto a la mayoría francófona movilizaron a la población local en demanda de mayor autonomía política e incluso la secesión.
Desde entonces se han producido ataques por parte de las fuerzas de seguridad y de los separatistas que han dado lugar a una creciente militarización de la región anglófona. Unas 500.000 personas se han visto desplazadas por la violencia.
"La espiral descendente de Derechos Humanos en Camerún es especialmente preocupante en un país que se ha unido recientemente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU", ha destacado Bolopion. "La estrategia de intimidación y obstrucción no tendrá éxito. Urgimos al Gobierno a dejar hacer su trabajo a HRW y a poner fin a los abusos", ha exigido.