Cárcel sin condena: el abuso de la prisión preventiva en Argentina

Cárcel en Buenos Aires (Argentina)
PIXABAY - Archivo
Publicado 21/07/2018 1:29:31CET

   BUENOS AIRES, 21 Jul. (Notimérica) -

   La prisión preventiva se encuentra recogida en la mayor parte de los códigos penales como un medio por el cual encarcelar a presuntos delincuentes antes del fallo judicial si existen indicios de reiteración delictiva, posibilidad de huída o capacidad para destruir pruebas que le puedan inculpar, entre otros supuestos.

   Esta se aplica en escasas ocasiones y siempre en caso de delitos mayores, sin embargo, en Argentina los presos sin condena han pasado a ser algo habitual, muy lejos de la excepción que impera en otros países.

   La directora del área de Justicia y Seguridad en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, ha explicado que "esta idea de que la prisión preventiva debe ser excepcional, no se toma así en nuestro país".

   Las cifras avalan a la experta: un informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) ha determinado que desde diciembre de 2016, de los 76.261 recursos solo 39.373 tenían condena, es decir, en 36.374 no se había dictado sentencia, lo que supone un 47,70 por ciento del total.

   En el caso de la provincia de Buenos Aires y poniendo el foco en datos de 2018, la situación es aún peor: el 56 por ciento de los reclusos no tiene condena.

   Tal y como ha explicado Litvachky, este es un problema histórico en Argentina, que se encuentra vinculado a "la cultura judicial y política" del país, relacionado con "querer demostrarle a la sociedad que el sistema penal responde a los hechos de violencia".

   "Es una reacción al mal funcionamiento de la Justicia, con procesos muy largos y burocráticos donde es difícil lograr una sentencia rápida, entonces se usa la prisión preventiva como un intento de respuesta a las demandas sociales pero también para esconder la propia ineficacia del sistema judicial y las Policías", ha explicado, tal y como ha recogido 'Rusia Today'.

POBREZA Y CÁRCEL

   La prisión preventiva en Argentina es, además, un fenómeno muy vinculado al estrato social. "La selectividad del sistema penal es un fenómeno global, (...) está dirigida obviamente hacia los más débiles", ha afirmado Litvachky, quien también ha puntualizado que "las personas de mayores recursos no es que no delinquen, es que tienen menores probabilidades de ser condenados por el sistema penal. (...) En general las personas vulnerables tienen menos recursos para defenderse, obtener buenos abogados, pagar una fianza y un montón de instancias que plantea el sistema penal para no caer en la cárcel previo a la sentencia".

   "En los países donde la prisión preventiva se utiliza como regla, se ve más agravada la diferencia. Profundiza la desigualdad", ha reiterado la experta.

   Las estadísticas del propio Estado respaldan la vinculación del delito con la desigualdad sociales: en 2016, el 41 por ciento de las personas privadas de libertad estaban desocupadas, otro 41 por ciento tenía un trabajo a tiempo parcial y solo el 18 por ciento tenía un empleo a tiempo completo.

   En el caso de que el presunto delincuente resulte absuelto, comienza un nuevo problema. Litvachky ha señalado que cuando son puestos en libertad "casi no tienen instancias de reclamo (...). Es muy difícil que se obtenga una reparación".

   El debate sobre el abuso o no que jueces y tribunales hacen de la prisión preventiva se abrió en diciembre de 2017, cando el juez Claudio Bonadío ordeno prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, algo que sin embargo no se llevó a cabo por su condición de aforada.