BRASILIA, 29 Ago. (Notimérica) -
El pasado 15 de agosto Lula Da Silva oficializaba su candidatura a las elecciones presidenciales de Brasil, que serán celebradas el próximo 7 de octubre, aunque su continuidad en la carrera electoral pende de un hilo, el mismo hilo que podría provocar que colme el vaso de la sociedad brasileña.
Y es que, a mediados del mes de septiembre, el sistema electoral y judicial brasileño decidirá sobre la continuidad en el proceso electoral de Lula, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y sobre quien recae la aplicación de la ley de 'Ficha limpia'. Esta norma, firmada por el propio Lula durante su último mandato, estipula que cualquier persona que haya sido condenado en segunda instancia no puede acceder a cargos públicos.
Así, es muy probable que el nombre de Lula Da Silva no aparezca dentro de las boletas electorales de los próximos comicios, algo que acabaría con el principal favorito y, por ende, podría desencadenar nuevas protestas por parte de la ciudadanía brasileña. Cansada y crispada por la falta de transparencia, los altos niveles de corrupción y las consecuencias de la que ha sido la mayor recesión económica de su historia, la sociedad brasileña podría acabar por entrar en una grave crisis.
La destitución de la expresidenta Dilma Rousseff a través de un proceso de 'impeachment' en el año 2016 --acusada de una presunta violación presupuestaria y de su supuesta implicación en actos corruptivos de Petrobras-- puso a la cabeza del país, sin previa consulta ciudadana, al entonces vicepresidente Michel Temer tan solo 24 horas después. Este movimiento político provocó movilizaciones --tanto a favor como en contra-- que amenazaron el orden social y provocaron una ruptura de su ciudadanía.
El desarrollo gubernamental posterior, en el que Temer y muchos de sus hombres de confianza se han visto señalados por investigaciones relacionadas con tramas como la de Petrobras, Lava Jato u Odebrecht, ha alimentado la sensación de engaño de los brasileños. Asimismo, el estallido de estas informaciones ha sido demasiado próximo al recuerdo --y a las consecuencias como tal-- de la grave recesión económica vivida en la última década en Brasil.
De esta manera, y sumado a ciertas dudas del proceso judicial contra Lula, su retirada de la carrera electoral será un problema para la democracia en Brasil. Tal y como señala el exsecretario de Relaciones Exteriores de México (2000 - 2003) y profesor de la Universidad de Nueva York Jorge G. Castañeda a 'The New York Times', "que se le prohíbe contender debido a un cargo de corrupción relativamente menor, sustentado en declaraciones de testigos cuyas sentencias fueron reducidas a cambio de testificar en su contra, algo que él y muchos juristas cuestionan", lleva a pensar que "el sistema judicial brasileño se ha convertido en el árbitro de las elecciones del país".
De hecho, en las últimas horas la Fiscalía del estado brasileño de Sao Paulo ha acusado al 'número dos' de Lula, Fernando Haddad, de irregularidades administrativas por unos pagos de deudas relativos a una campaña del año 2012. De ser investigado, la única posibilidad segura con la que cuenta el Partido de los Trabajadores (PT) de continuar en la disputa por la Presidencia también podría hacer aguas.
¿Coincidencia? Son muchas las voces que han señalado desde el principio que uno de los magistrados involucrados en la condena de Lula, Segio Moro, estaría llevando una venganza política contra el partido, algo que por el momento queda en acusaciones. Y también son muchas las muestras de apoyo que Lula ha recibido por parte de personalidades de relevancia a nivel internacional: una decena de congresistas estadounidenses y el senador Bernie Sanders escribieron una carta al embajador de Brasil en Washington exigiendo que Lula fuera liberado durante la apelación y condenaron el uso de la lucha contra la corrupción como herramienta para perseguir a los políticos de la oposición, recuerda Castañeda.
Colofón de la situación son los datos ofrecidos en un reciente estudio de la empresa de investigaciones de mercado Ibope, los cuales establecen que un tercio del electorado votará nulo o en blanco el próximo mes de octubre, mientras que el 28 por ciento aún no sabe si votará (ni a quién). En total, un 59 por ciento de los brasileños muestra un claro rechazo hacia los políticos. Por otro lado, un 38 por ciento afirma que no tiene "ningún interés" y frente a un 23 por ciento que dice que tiene "poco interés", lo que suma el 61 por ciento del total de entrevistados.
Todo esto hace pensar que la presencia de Lula y el desarrollo de la carrera electoral para los próximos comicios presidenciales será clave e histórica, como muchos señalan. De todo ello depende la percepción democrática, la democracia en sí misma y el Estado de derecho de Brasil, el primer país de la región latinoamericana.