NUEVA YORK, 31 May. (EUROPA PRESS) -
La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció este martes la muerte de fiscales en Guatemala y Honduras, así como la creciente vulnerabilidad de los defensores de los Derechos Humanos en estos dos países de América Central.
"Estamos muy preocupados porque los fiscales en América Central se han convertido en un objetivo del crimen organizado", indicó el portavoz de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Rupert Colville, en Ginebra.
"Durante la semana pasada, varios fiscales han sido asesinados en Guatemala y Honduras en el ejercicio de sus funciones, en medio de la creciente inseguridad y la violencia en ambos países", denunció Colville.
El pasado 24 de mayo en Guatemala, el fiscal auxiliar de la localidad de Cobán, situada en el departamento de Alta Verapaz, Allan Stwolinsky, fue encontrado decapitado en una bolsa de plástico frente a la casa del gobernador. Tanto el fiscal general como el Ministerio del Interior culparon del asesinato al cartel mexicano de 'Los Zetas', objeto de una incautación de 453 kilogramos de cocaína coordinada por Stwolinsky.
Colville señaló que este homicidio se llevó a cabo a raíz de la brutal masacre de 27 trabajadores de la tierra en Petén, dirigida también por 'Los Zetas'.
"Hemos declarado nuestro apoyo a la Fiscalía General y hemos expresado nuestra preocupación por la posible intención de 'Los Zetas' de sembrar el terror entre los habitantes de Cobán y socavar los esfuerzos de la Fiscalía General para combatir la delincuencia y la impunidad", afirmó.
En Honduras, Raúl Reyes Carbajal, un fiscal de la ciudad de San Pedro Sula, murió el sábado tras recibir varios impactos de bala cuando volvía a su domicilio tras salir del trabajo. Según los testigos, después que golpearan el coche de Reyes, perdió el control y se estrelló contra un autobús. Sus atacantes, que ya le habían disparado desde el coche, se bajaron del vehículo y le tirotearon para asegurarse de que estaba muerto.
Reyes había sido durante un mes coordinador de la oficina de la Fiscalía General en Puerto Cortés y había dirigido previamente una unidad especial contra la delincuencia organizada. Su muerte se produce en un momento en que la Fiscalía de San Pedro Sula había decidido investigar los asesinatos de siete jóvenes presuntamente vinculados a las pandillas durante una operación de la Policía unos días antes.
La oficina del Alto Comisionado también expresó su preocupación por la creciente vulnerabilidad de los defensores de los Derechos Humanos en ambos países. En Guatemala, sólo en 2010, 250 activistas fueron víctimas de ataques y ocho murieron. En Honduras, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos también está cada vez más preocupado por la situación de los periodistas, sindicalistas y activistas de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual.