SANTIAGO, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha aclarado este jueves que seguirá adelante con la agenda de reformas estructurales que la llevó al poder hace un año, a pesar de la "crisis de confianza" que sufren su Gobierno y ella misma.
Bachelet ha aprovechado su intervención anual en el Parlamento para reconocer el daño causado por los numerosos escándalos de corrupción que en los últimos meses han salpicado a La Moneda y que han provocado una remodelación gubernamental.
"Hemos tenido fallos y no voy a esconderlos bajo la alfombra", ha admitido. "Ha sido un año complejo e intenso que ha provocado razonables incertidumbres, pero debemos asumir las dificultades de este año que hemos vivido para enfrentar los desafíos inéditos que nos han remecido a todos", ha dicho.
La líder izquierdista se ha mostrado consciente de que se ha producido un cambio en el país suramericano, que "hoy exige a sus líderes hablar con la verdad". "La sociedad dijo basta a los abusos, los privilegios y la corrupción en la política y los negocios esto cuestiona las bases de nuestra convivencia", ha apuntado.
"Pero no por ello estamos postergando ni vamos a postergar nuestro compromiso de reformas. Nuestra palabra está empeñada", ha alertado, instando a "mirar con perspectiva y sentido histórico lo vivido, para entender la gran oportunidad que tenemos como país".
Así, ha recalcado que impulsará la reforma constitucional prometida en campaña electoral, pero no ha dado demasiados detalles al respecto, lo que ha enfurecido a la oposición --y a algunos miembros de la gobernante Nueva Mayoría-- que esperaban anuncios importantes en este sentido.
Bachelet se ha limitado a recordar que el proceso constituyente arrancará el próximo mes de septiembre y que se basará en "un acuerdo político que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable".
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Además, ha destacado los logros conseguidos en este año de Gobierno, entre ellos la aprobación de lo que considera los tres pilares de la ansiada reforma educativa: el fin del ánimo de lucro, de la selección de alumnos y del copago.
Sobre este tema, ha adelantado que "este año creará los Servicios Locales de Educación, marcando el retorno de escuelas y de los liceos públicos a la administración del Estado" y "abordará un nuevo marco de regulación y financiación de la Educación Superior para que a partir de 2016 el 60 por ciento más vulnerable" acceda a la total gratuidad.
También ha avanzado que "para los pensionistas mayores de 65 años, que actualmente pagan el cinco por ciento en su cotización de salud, se eliminará totalmente la obligación de cotizar, una medida que se implementará con una gradualidad de dos años".
Como medida social, ha añadido que "tal y como prometió hace un año, se ha aprobado el proyecto de ley Ricarte Soto, que permitirá apoyar a muchas familias en la financiación de tratamientos de alto coste, alimentos especiales y dispositivos médicos que hasta ahora no contaban con esa ayuda".
En materia judicial, presentará "un nuevo proyecto de Código Penal para poner al día el actual, que se remonta a 1874, adaptándolo a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos", por ejemplo, estableciendo la imprescriptibilidad y el carácter no amnistiable de los delitos de lesa humanidad".