El republicano Joan Tardà sostiene que el Estado español es "responsable indirecto" de la situación de ese pueblo
MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai
han registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que se hacen eco de las reivindicaciones del pueblo mapuche y piden a Chile que modifique su ley antiterrorista para limitar el campo de la Justicia militar de manera que sus tribunales no puedan juzgar a civiles.
Los diputados del ERC, Joan Tardà, y el BNG, Francisco Jorquera han sido los encargados de presentar hoy esta iniciativa en una rueda conjunta con Héctor Cumuilaf, representante del partido mapuche Wallmapuwen.
La iniciativa tiene como objetivo denunciar el uso que hace Chile de su ley antiterrorista, promulgada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet, y que, según los firmantes, en los últimos años se está utilizando únicamente para juzgar a presos políticos mapuches, una treintena de los cuales inició una huelga de hambre desde el pasado 12 de julio.
ERC, BNG y Nafarroa Bai denuncian que varios de estos presos están siendo juzgados doblemente por tribunales de civiles y militares, que pueden acumular sus penas. Por eso, una de las cosas que demandan es que se cambie la ley antiterrorista vigente para que los militares no puedan juzgar civiles, se eliminen las "detenciones preventivas" y el uso de los "testigos sin rostro", que fomenta la aparición de testimonios previo pago.
En este contexto, piden que el Congreso se pronuncie en contra del uso de la ley antiterrorista chilena para juzgar a los presos políticos de origen mapuche. También que inste directamente a Chile a modificar esa norma en los términos anteriormente explicados y que reclame al Gobierno de España a que, en el marco de las relaciones bilaterales con el Estado chileno, se interese por la situación de estos presos y demande un escrupuloso respeto a los Derechos Humanos.
COMPROMISO DEL GOBIERNO CHILENO
El representante del partido mapuche ha recordado que hace unas semanas el movimiento al que representa se anotó un "éxito" al conseguir que el Gobierno chileno retirase las querellas contra los presos mapuches amparadas por la ley antiterrorista y se comprometiera a modificar la citada norma, así como a limitar el campo de actuación de la justicia militar.
No obstante, Cumuilaf ha advertido de que ese compromiso del Ejecutivo de Sebastián Piñera no garantiza que "otros luchadores mapuches no vuelvan a ser procesados en el futuro en aplicación de la ley antiterrorista".
Cumuilaf ha explicado que en virtud de la norma, por la que hasta ahora han sido condenados una veintena de mapuches, se pueden solicitar penas de hasta 103 años de cárcel aún sin haber acusación por delitos de sangre y que los presos pueden pasar hasta dos años en prisión antes de ser sometidos a juicio.
Por todo ello, ha agradecido las muestras de solidaridad que el movimiento mapuche está recibiendo desde distintas partes del mundo, incluidos los relatores de la ONU, que han pedido al Gobierno chileno que pare la "política de criminalización" iniciada contra este pueblo.
EL 12 DE OCTUBRE, "NADA QUE CELEBRAR"
Francisco Jorquera, por su parte, ha incidido en que el pueblo mapuche "no es una minoría étnica", sino una "nación" con 1,3 millones de personas y un territorio propio repartido entre Chile y Argentina, cuyos derechos colectivos deben ser reconocidos.
En la misma línea, el republicano Joan Tardà hizo hincapié en que cuando los españoles llegaron a América "los mapuches ya estaban allí", por lo que el Estado español es "responsable indirecto" de la situación que viven ahora.
"No se puede mirar para otro lado cuando existe una responsabilidad histórica y ética", ha apuntado, antes de destacar que hechos como este son los que demuestran que el Día de la Hispanidad "no hay nada que celebrar".