SANTIAGO DE CHILE, 7 Jun. (EP/AP) -
Los líderes de los 600.000 estudiantes secundarios que mantienen en jaque al Gobierno de Michelle Bachelet anunciaron ayer martes que seguirán con sus presiones, hasta que les otorguen participación mayoritaria en un consejo que estudiará reformas al cuestionado sistema educacional chileno.
"Continuaremos con las movilizaciones" porque "no obtuvimos los resultados esperados", anunció en la noche el portavoz estudiantil Juan Carlos Herrera.
Los dirigentes estudiantiles esperaron el comienzo de los noticiarios centrales de la televisión local para anunciar las decisiones adoptadas por una asamblea que se prolongó más de seis horas.
Herrera precisó que el Gobierno rechazó su demanda del "50% más uno" de sectores sociales, designados por ellos, representados en el interior del Consejo Asesor Presidencial, que Bachelet presentará el miércoles.
"No es una buena noticia, creo que los estudiantes están equivocados" dijo el ministro del Interior, Andrés Zaldívar. "No pueden exigir algo que es una facultad privativa de la presidenta de la República", agregó.
"Sólo en el caso que la presidenta, señora Michelle Bachelet, firme lo que nosotros estamos presentando, bajaremos nuestra movilización, las tomas y los paros", advirtió Karina Delfino.
La presidenta, que ha dicho que comparte las críticas de los estudiantes, el martes acogió otra de sus demandas al enviar a la Cámara de Diputados un proyecto para elevar la calidad de la enseñanza.
También emplazó a la oposición derechista a dar los votos que negó para un proyecto similar el 2005.
El proyecto se sumó a otra serie de concesiones obtenidas por los dirigentes juveniles que mantienen movilizados a los estudiantes de la enseñanza secundaria por mejoras profundas al sistema educacional.
La "revolución de los pingüinos" como se llaman a sí mismos los estudiantes por su camisa blanca y un uniforme oscuro, llevó al primer plano la discusión sobre la calidad de la educación, que establece varios tipos de enseñanza, según los ingresos de cada grupo social.
El proyecto plantea que los padres pueden acudir a los tribunales con recursos de protección si estiman que la enseñanza de sus hijos no es de calidad y entrega al Estado la facultad de velar por ella.
El Gobierno divulgó además un calendario con las fechas de inicio de los beneficios obtenidos por la presión de los adolescentes.
Entre los beneficios, con un coste de 58 millones de dólares este año y 135 millones de dólares el 2007, están la gratuidad de un carné, que les permite viajar en el transporte público a precios rebajados, para el 80% de los jóvenes más necesitados, que también pondrán rendir gratis una prueba de selección universitaria.
El Gobierno pagará la práctica profesional a 70.000 estudiantes de oficios y dará 200.000 raciones alimenticias extras. Los estudiantiles no lograron el pasaje gratis en el transporte público. La demanda más difícil de lograr, por la que se creará el Consejo Asesor Presidencial, es la reforma a una ley legada por el ex dictador Augusto Pinochet que entregó a las municipalidades la responsabilidad de la administración educacional.
Las escuelas bajo el control de las municipalidades reciben del Estado el equivalente a 57 dólares mensuales por alumno. Los padres con mejores ingresos aportan unos 380 dólares para sus hijos, que atienden a escuelas privadas.