El Ejecutivo de Piñera afea a la oficina de Bachelet que sugiera que pudo haber "ejecuciones extrajudiciales"
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno chileno ha agradecido las "orientaciones y recomendaciones" planteadas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pero se ha defendido de algunas de las principales críticas, negando que se pueda hablar de posibles ejecuciones extrajudiciales durante las protestas e instando a la oficina de Michelle Bachelet a "validar" todas sus fuentes.
En su informe, el Alto Comisionado ha denunciado un "elevado número de violaciones de los Derechos Humanos" durante las recientes protestas, en el marco de las cuales los Carabineros habrían respondido con una fuerza desmedida, con casos incluso de muerte. "Puede, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial", reza el informe.
"No corresponde utilizar esta figura en un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público", ha argumentado el Gobierno en su respuesta. "Solo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente", ha añadido.
La misión de la ONU ha analizado al detalle once de las 26 muertes investigadas por la Fiscalía chilena. Cuatro de estos casos constituyeron "privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado" y, en dos de ellos, se habría utilizado fuerza letal sin justificación, según la oficina de Bachelet.
El Gobierno de Sebastián Piñera ha esgrimido que, conforme a estas conclusiones, "los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficas", en un aparente intento por aclarar que no se trata de prácticas abusivas generalizadas.
En materia de lesiones oculares, que alcanza niveles "alarmantemente altos" en opnión del Alto Comisionado --la cifra de heridos ronda los 350--, el Ejecutivo chileno ha asegurado que el informe no tiene en cuenta las cifras entregadas por el Ministerio de Salud y en las que se habla de 239 pacientes atendidos, de los cuales 16 han sufrido la pérdida total de la visión de un ojo y dos se han quedado completamente ciegos.
DETENCIONES
De las "extensas" denuncias recabadas, los expertos de la ONU han detectado caso de torturas, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual a manos de los Carabineros o los militares. En concreto, tiene constancia de 113 casos específicos de tortura y malos tratos y 24 de violencia sexual contra mujeres, hombres y adolescentes.
Además, más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre --la mayoría de ellas ya en libertad--, según el Alto Comisionado, que ha denunciado también posibles detenciones arbitrarias, un extremo matizado en su respuesta por las autoridades del país sudamericano.
En este sentido, el Gobierno ha querido "clarificar" que más del 95 por ciento de las detenciones "han sido declaradas legales por los tribunales de justicia" y que tres de cada cuatro arrestos corresponden a personas que ya habían estado en alguna otra ocasión bajo custodia de las fuerzas de seguridad, a pesar de que en el informe se destaca que muchos de los detenidos son "jóvenes sin antecedentes penales".
El Ejecutivo ha recriminado que, "en algunos casos", el informe dé por sentado que ha habido abusos "antes de que concluyan las investiaciones" y ha subrayado "la importancia de validar las fuentes de información", ya que "se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los tribunales de justicia".
EL GOBIERNO DEFIENDE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
El Ejecutivo chileno ha agradecido las "orientaciones y recomendaciones" de la oficina de Bachelet y ha prometido aplicarlas al "análisis integral" ya en marcha, en una marcada defensa de su "profundo compromiso y voluntad" con la protección de los Derechos Humanos, la democracia y el Estado de Derecho.
En este sentido, ha apuntado que ya ha adoptado tanto medidas preventivas como "correctivas" tras las últimas protestas, entre ellas la restricción de medios para las fuerzas antidisturbios, que ahora por ejemplo tienen vetado el uso de perdigones para dispersar a multitudes.
También ha apuntado que Chile vivió a mediados de octubre "una situación imprevista e inédita de violencia" que trasciende a las "manifestaciones pacíficas" y que justificaron, en opinión del Gobierno, la aplicación del estado de excepción. Durante estas protestas, ha añadido, se registraron "más de 2.500 eventos graves".