MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha anunciado este jueves que apelará el sobreseimiento de la causa de los siete carabineros imputados por torturas por una agresión a un manifestante registrada en el marco de las protestas que se suceden en el país desde el 17 de octubre.
En concreto, La Fiscalía de Chile imputó el delito de torturas a doce carabineros por una agresión a Moisés Órdenes, que perdió la visión del ojo derecho tras manifestarse con una sartén y una cuchara el 21 de octubre en Plaza Nuñoa, en la capital, Santiago. La juez Michell Ibacache ha considerado que el incidente no constituye un delito de tortura, aunque lo ha calificado de "delito común de lesiones graves".
A juicio del jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos, la resolución "constituye un grave retroceso en la comprensión del fenómeno de la tortura por la magistratura y deja una puerta abierta a la impunidad de la violencia institucional".
Desde el punto de vista jurídico, ha añadido la INDH, los hechos ocurridos en Plaza Nuñoa "son constitutivos de tortura" porque "se cumplen los criterios establecidos por la ley la haberse infringido sufrimientos físicos y psicológicos por agentes estatales y en presencia de otros funcionarios que no impidieron la agresión".
Así, Bustos ha criticado el sobreseimiento de los carabineros porque, a pesar de estar en el lugar de los hechos, no impidieron la agresión, lo que parece un mensaje claro respecto a que "un policía tiene el deber de resguardar los derechos sólo cuando los delitos los cometen particulares, si los cometen agentes del Estado o, especialmente, otros policías pueden mirar, no hacer nada y dejar que se pueda golpear brutalmente a una persona", según un comunicado difundido por el organismo en su web.
"Es de esperar que el Poder Judicial cumpla con su rol de sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas. El INDH pondrá todos sus esfuerzos para que así sea", ha asegurado Bustos.
La Fiscalía de Chile también anunció ayer su intención de apelar la resolución dictada por un tribunal de primera instancia. "Simplemente no compartimos la resolución y vamos a apelar el sobreseimiento definitivo", precisó el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra.
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
El presidente del país, Sebastián Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una "agenda social". Para hacerla realidad, remodeló el Gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
Más de 20 personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El INDH ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas.