Piden ser tratados como "presos políticos militares" y reconocen por primera vez su responsabilidad
SANTIAGO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un total de nueve oficiales en retiro del Ejército chileno, todos ellos condenados por violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura militar, iniciaron la madruga de este martes una huelga de hambre "irrenunciable e indeclinable" para reclamar que se les trate como "presos políticos militares" y se les dé el mismo trato que han recibido los presos políticos.
Los huelguistas son el general Raúl Iturriaga, los brigadieres Fernando Polanco, José Zara y Christoph Willike, el coronel Juan Morales Salgado, el teniente coronel Emilio Neira, el mayor Carlos Herrera Jiménez y los tenientes Jorge Vargas Bories y Sergio Rivera, quienes han hecho llegar al diario 'El Nacional' una declaración sobre sus intenciones. Todos ellos están recluidos en el penal de Punta Peuco, construido especialmente para albergar a uniformados condenados por violaciones de los Derechos Humanos.
En ella, insisten en que se otorgue "inmediata libertad a todos los suboficiales y empleados civiles presos, debiendo su pena ser modificada por cualquiera de las tres alternativas fijadas" en la legislación chilena concerniente. Asimismo, exigen que a todos los condenados se les aplique una pena única y máxima de diez años de prisión "para aquellos casos en que el monto de las mismas sea igual o superior a aquella cantidad de años, o se tratare de presidio perpetuo".
En cuanto a esta última cuestión, reclaman igualdad respecto a los 282 presos políticos cuyas penas fueron conmutadas durante los gobiernos de los ex presidentes Patricio Aylwin y Ricardo Lagos y que permitió a decenas de ellos salir en libertad condicional o cumplir su pena en el exilio.
A juicio de los nueve ex uniformados huelguistas, esto supone una "notoria y evidente desigualdad con que el Estado de Chile ha tratado a los presos políticos militares, respecto de otros presos políticos habidos en estos últimos 25 años en el país". Asimismo, exigen modificaciones transitorias a la ley para que les sean unificadas las penas, y para corregir el sistema de cómputo del tiempo que deben pasar en prisión.
Los ex agentes de la DINA y la CNI consideran que existe una "injusta segregación que sufren los presos políticos militares, en orden de la no concesión de los beneficios intrapenitenciarios, ni de la libertad condicional, toda vez que reúnen los requisitos para ello", señalan en su comunicado.
Los ex militares citan como ejemplo a ocho reclusos de la prisión que han pasado más de 18 años encarcelados "sin que jamás hayan recibido tanto beneficios intrapenitenciarios, como la libertad condicional, toda vez que cumplen, con mucho, los requisitos para ello".
RECONOCEN SU RESPONSABILIDAD
Según 'El Nacional', uno de los hechos más llamativos de su anuncio de hoy es que en el escrito reconocen por primera vez y de manera explícita su responsabilidad y autoría en los crímenes de lesa humanidad.
Así, en el primer punto de su declaración aclaran que son "los miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, en adelante 'los presos militares', que cometimos delitos contra la seguridad de las personas (más conocidos por violaciones a los Derechos Humanos) en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990".
En este sentido, advierten de que se trata de actos ilícitos cometidos durante el periodo dictatorial y que "por ser estos delitos de connotación política, 'los presos militares' no obtuvieron ni prebendas ni dádivas especiales por la ejecución de los mismos".