Actualizado 19/04/2006 11:52

Chile.- El oficialismo chileno inicia una estrategia para derogar de Ley de Amnistía dictada por Pinochet en 1978

La iniciativa presentada en el Parlamento ha generado el inmediato rechazo de los legisladores de la derecha opositora


SANTIAGO, 19 Abr. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -

Diputados de la coalición oficialista de centro izquierda presentaron ayer martes en el Parlamento un proyecto de ley destinado a lograr la derogación de la Ley de Amnistía promulgada en 1978 por el ex dictador Augusto Pinochet.

La normativa, dictada a cinco años del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende, buscaba impedir las investigaciones judiciales de todos los casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1973 y 1978, con la sola excepción del asesinato del ex ministro de Asuntos Exteriores Orlando Letelier, quien murió en un atentado con bomba ocurrido en Washington, en 1976.

Ayer martes, los parlamentarios oficialistas dieron un paso histórico pues, desde la recuperación de la democracia en 1989, es la primera vez que se presenta un proyecto de ley respecto de un cuerpo legal que ha puesto un manto de impunidad sobre las graves violaciones a los derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado (militares y civiles) durante los años más duros del régimen de facto, que dejó 10.000 víctimas y 3.600 detenidos desaparecidos.

La presentación del proyecto estuvo a cargo de los diputados Juan Bustos, Sergio Aguiló, Iván Paredes, Marco Enríquez-Ominami Tucapel Jiménez y Gabriel Ascencio de la Democracia Cristiana. Los legisladores hicieron un llamamiento a todos los sectores representados en el Parlamento para derogar la ley y garantizar la verdad y la justicia en cientos de casos que permanecen archivados en los tribunales.

La presentación de esta iniciativa se produce una semana después de que el juez Víctor Montiglio aplicase la Ley de Amnistía de 1978 a favor de cuatro militares procesados en el caso Caravana de la Muerte, una comitiva del Ejército que, bajo las órdenes de Pinochet, recorrió el país y ejecutó sin juicio alguno, a más de 70 opositores al régimen.

El caso Caravana de la Muerte fue el primero por el cual fue encausado el ex dictador, en manos del ahora retirado juez Juan Guzmán, juicio en el cual el hoy anciano militar de 90 años fue desaforado, es decir, perdió su inmunidad judicial, y sometido a proceso, pero finalmente fue sobreseído por razones de salud.

NEGATIVA

El proyecto fue inmeditamente criticado por parlamentarios de la derecha opositora, quienes, antes de que se produzca la votación en la sede del Congreso, adelantaron que votarán en contra de la derogación, bajo el argumento de que terminar con ese cuerpo legal es entorpecer la labor de los tribunales de justicia.

El diputado Marcelo Forni, jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido derechista que integran los ex funcionarios de la dictadura, dijo que intentar derogar la Amnistía "no es bueno para el país, no es bueno para el clima de paz social que se ha generado, el volver a insistir sobre un tema en el cual no existe pleno consenso entre los chilenos y tampoco tiene el apoyo del propio Gobierno".

LA MONEDA

No obstante, el ministro del Interior del gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Zaldívar, dijo que La Moneda tiene "disposición" de estudiar el proyecto de los diputados oficialistas.

"Vamos a estudiar cualquier proyecto de ley que tienda a buscar verdad y justicia y veremos qué hay que hacer con ello", dijo el ministro.

Aunque no confirmó si el Poder Ejecutivo patrocinará la iniciativa, coincidió con las palabras dichas el lunes por el ministro portavoz de La Moneda, Ricardo Lagos Weber, quien aseguró que en Chile no habrá "ley de punto final" y descartó que el polémico fallo sobre la Caravana de la Muerte sea un precedente que determine próximos fallos de los tribunales en causas por Derechos Humanos.

Zaldívar hizo un llamamiento a "dejar que los tribunales sigan profundizando el tema de la verdad y la justicia y se llegue a sancionar a todos aquellos que hayan sido responsables en materia de Derechos Humanos". "Desde ya hemos dicho que por ningún motivo habrá punto final, nosotros estamos claramente por que opere la justicia y aquí los tribunales tienen que hacer su tarea como la han estado haciendo", dijo.