Actualizado 02/02/2011 19:04 CET

Chile.- Piñera advierte de que no permitirá que personas acusadas de violación a los DDHH integren el Ejército

El general Castro Muñoz fue ascendido a Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el Gobierno de Bachelet

SANTIAGO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha asegurado este miércoles que no permitirá que personas acusadas de violaciones a los Derechos Humanos formen parte de las Fuerzas Armadas, en un intento por zanjar la polémica en torno al segundo hombre del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, quien formó parte de un organismo represivo durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Ninguna persona que tenga responsabilidad en materia de violación a los Derechos Humanos va a ser parte de las Fuerzas Armadas o de nuestro Gobierno. Nuestro compromiso con los Derechos Humanos es un compromiso total e inquebrantable", ha asegurado en declaraciones a la prensa.

Castro Muñoz, que sirvió en la Central Nacional de Inteligencia (CNI) entre 1979 y 1982, no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad, pero ha declarado como testigo en la masacre de 22 campesinos ocurrida tras el golpe de Estado de Pinochet en septiembre de 1973.

Actualmente, es Jefe del Estado Mayor del Ejército y se encuentra de segundo en la línea de mando institucional, cargo que asumió en 2007 después de que el Gobierno de centroizquierda de Michelle Balchelet aprobara su ascenso.

Francisco Vidal, ministro de Defensa de Bachelet, es quien ha revelado la vinculación de Castro Muñoz en la matanza de los campesinos, pero ha aclarado que, cuando se produjo su ascenso, se consideró "irrelevante" su paso por la CNI, porque en el Ejército ya había "un conjunto relevante" de oficiales que habían estado en esa organización represiva.

"Conocí el caso y el general Castro no fue desvinculado porque se aplicó el principio de que sólo un oficial procesado es llamado a retiro", ha subrayado Vidal en declaraciones a la prensa.

Piñera, un político de derecha, no ha confirmado si continuará con la política aplicada por los gobiernos de la Concertación --coalición de izquierdas que estuvo en el poder 20 años tras la caída de Pinochet-- de mantener en las filas del Ejércitos a los oficiales que formaron parte de instituciones responsables de la represión, mientras no fuesen procesados por delitos de lesa humanidad.

"Nuestro Gobierno ha dado muestras muy claras de que queremos crear una cultura de respeto a los Derechos Humanos, una cultura que nos permita no solamente evitar los sucesos del pasado, sino también crear una sociedad en que el respeto a los Derechos Humanos sea parte de la cultura de Chile", ha destacado.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile, Lorena Pizarro, exigió el martes la dimisión de Castro Muñoz, por su vinculación con uno de los máximos organismos responsables de la represión durante el régimen de Pinochet.

"Este no va a ser ni el primero ni el último caso", ha considerado Pizarro, al tiempo que demandó al Gobierno "el término de la política de impunidad". Así, instó a "dar de baja y quitar todos los honores" a los uniformados implicados en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.