MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado este lunes un nuevo paquete de medidas económicas con el que busca proteger a los consumidores y evitar abusos, según informaciones de la televisión estatal.
Piñera, que ha indicado que la llamada 'Agenda Antiabuso y por un trato digno y justo' tiene el objetivo de acabar con las malas prácticas de los mercados, ha expresado que los chilenos "han expresado su voluntad y compromiso para construir un Chile más justo".
Entre las medidas anunciadas por Piñera se encuentra el fortalecimiento del órgano público que vela por la libre competencia --la Fiscalía Nacional Económica (FNE)--, el aumento de las penas por delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad y la creación de la figura de un denunciante anónimo para registrar actos de colusión o delitos en el sector público o privado.
Asimismo, se contempla la eliminación de trámites innecesarios en notarías, se facilita la revisión en línea de seguros vigentes y se hacen más transparentes las condiciones del comercio electrónico, entre otras.
Durante los últimos años se han registrado importantes casos que vulneran la libre competencia en el país latinoamericano. Uno de los más importantes tuvo lugar en 2015, cuando la FNE acusó al poderoso grupo forestal Empresas CMPC y a la unidad local de la sueca SCA de actuar coordinadamente durante más de una década en el negocio de productos del papel para controlar las cuotas de mercado y precios.
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una "agenda social". Para hacerla realidad, ha remodelado el Gobierno y ha iniciado un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
Más de una veintena de personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil han sido detenidas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas.