SANTIAGO, 20 Nov. (Agencia Uno/EP) -
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha indicado este miércoles que la acusación constitucional que un grupo de diputados opositores lanzó el martes en su contra por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el marco de las protestas contra el Gobierno "no tiene ningún fundamento".
"Creo que es una acusación que no tiene ningún fundamento", ha dicho Piñera en declaraciones a la prensa tras sobrevolar la zona afectada por los incendios forestales en la región de Valparaíso.
"Además de no tener ningún fundamento", ha señalado, "no aporta nada" porque "lo que el país necesita hoy es paz, unidad, acuerdos y soluciones a los problemas de los chilenos".
A este respecto, el inquilino de La Moneda ha asegurado que su Gobierno está "totalmente comprometido" con la agenda social planteada para hacer de Chile "un país más justo, con mayor equidad (...) con más igualdad de oportunidades".
Diez diputados opositores, el número mínimo de firmantes para que salga adelante, presentó el martes una acusación constitucional contra Piñera en el Congreso por las "graves" violaciones de los Derechos Humanos a manos de "agentes del Estado" que se han producido durante la ola de protestas contra el Gobierno.
Para que prospere, requiere mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y dos terceras partes en el Senado. Hasta ahora, solo tres presidentes han sido sometidos a un 'impeachment' en Chile, Manuel Montt en 1868, que ganó; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue cesado; y Arturo Alessandri en 1939, cuyo proceso naufragó antes de concluir.
La acusación constitucional solo se puede lanzar contra ciertos altos cargos del Estado, entre ellos el presidente, por "abuso o desviación de poder, infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". En el caso de ser aprobada, implica la destitución inmediata, pudiendo conllevar una inhabilitación para ejercer cargos públicos. También puede precipitar un proceso civil o penal.
Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero escalaron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional. Unas 20 personas han muerto por la represión de las manifestaciones contra el Gobierno, entre ellas cinco de las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha acusado a las fuerzas de seguridad.
Piñera, que reaccionó inicialmente declarando el estado de emergencia, pidió perdón por no escuchar a los chilenos, anunció una "agenda social" para colmar sus demandas y remodeló el Gobierno para llevarla a cabo. Además, ha accedido 'in extremis' a un proceso constituyente que se decidirá en un plebiscito el próximo mes de abril. Pese a ello, las protestas han continuado.