MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El cuerpo policial creado para asegurar el cumplimiento de la polémica Ley de Seguridad Nacional que China aprobó para Hong Kong ha arrestado este miércoles a cuatro estudiantes, miembros de un grupo proindependencia, después de que anunciaran su objetivo de convertir al territorio en una república.
La Policía no ha revelado la identidad de los detenidos, cuyas edades se sitúan entre los 16 y los 21 años. No obstante, algunas imágenes subidas a internet muestran que uno de los detenidos es Tony Chun Hon Lam, uno de los excoordinadores del movimiento Studentlocalism, un grupo proindependencia que fue desmantelado el 30 de junio, horas antes de que la normativa de Pekín entrara en vigor.
El superintendente Steve Li Kwai Wah, del cuerpo policial creado por Pekín, ha explicado que los detenidos habían declarado recientemente la fundación de una agrupación que promoviera los ideales políticos independentistas "utilizando cualquier medio posible" para construir "una República de Hong Kong", según ha informado el diario local 'South China Morning Post'.
El grupo en cuestión, el Partido de la Iniciativa de la Independencia, ha publicado el arresto de Chung en la red social Facebook. En su declaración de intenciones puede leerse que "antes de triunfar en la construcción de nuestra nación (...) el Partido de la Iniciativa de la Independencia luchará para siempre junto con la totalidad de los ciudadanos de Hong Kong por nuestro sueño común".
Esta es la primera vez que se detiene a activistas bajo la nueva legislación que no se encontraban físicamente en las protestas antigubernamentales de Hong Kong. Las aprehensiones en las protestas han ocurrido, además, por corear eslóganes u ondear banderas.
LA LEY PARA HONG KONG
La nueva Ley de Seguridad Nacional implica que el Gobierno de Pekín ejercerá su jurisdicción sobre casos "complicados" de Hong Kong, como los relacionados con injerencias extranjeras, cuando las autoridades locales no puedan hacer cumplir la ley o cuando la seguridad nacional del territorio esté bajo amenazas "graves o realistas", según consta en el texto legal.
La norma enumera cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. La pena máxima para cada delito es la cadena perpetua aunque la sentencia sugerida para algunos delitos menores es de tres años de prisión.
La falta de definición en estos casos "complicados", teme la ONU, podría desembocar en una "interpretación discriminatoria o arbitraria de la ley, lo que a su vez podría afectar gravemente a la protección de los Derechos Humanos".