MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas ha mostrado este lunes "series preocupaciones" acerca de la posibilidad de que se estén llevando a cabo detenciones arbitrarias y trabajos forzados de musulmanes uigures en China, después de una investigación que implicaría a unas 150 empresas chinas en el trato degradante y en la violación de las libertades de los miembros de esta comunidad. Muchas de estas empresas trabajan para conocidas multinacionales.
"Estamos profundamente preocupados por estas acusaciones que, si se prueban, constituirían graves abusos contra los Derechos Humanos", ha expresado el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
El grupo ha solicitado el permiso del gigante asiático para poder acudir al terreno y llevar a cabo las investigaciones pertinentes. "Estamos dispuestos a fortalecer nuestro diálogo con el Gobierno de China lo antes posible y acogemos con beneplácito la pronta respuesta del Gobierno a estas acusaciones, así como su voluntad de continuar el compromiso constructivo con nosotros".
"Como expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos, del cual China es Estado miembro, consideramos que una visita oficial a China --incluida la región de Xinjiang-- sería la oportunidad ideal para ese diálogo y para evaluar la situación por nosotros mismos sobre la base de la libertad y acceso sin obstáculos", ha reclamado.
De acuerdo con la información que maneja este grupo de expertos de Derechos Humanos, los trabajadores y miembros de la comunidad uigur han sido sometidos a condiciones laborales de explotación y abusivas, incluidas detenciones arbitrarias, trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud mediante el uso del trabajo forzoso.
"Al parecer, los trabajadores uigures han sido empleados a la fuerza en industrias como mano de obra intensiva, como las de los sectores agroindustrial, textil y de confección, automotriz y tecnológico", ha señalado el presidente del Grupo de Trabajo, Dante Pesce.
Las fuentes a las que ha tenido acceso el grupo afirman que "cientos de miles" de miembros de la minoría uigur han sido recluidos en instalaciones de reeducación, o bien "han sido trasladados a la fuerza para trabajar en fábricas de Xinjiang y de otras provincias chinas, muchas de las cuales son parte de las cadenas de suministro de numerosas y conocidas marcas mundiales.
"Muchas empresas también están implicadas en estas acusaciones, ya sea directamente o a través de sus cadenas de suministro. Las empresas no deben hacer la vista gorda ante esto y deben llevar a cabo una diligente investigación en materia de Derechos Humanos", ha reclamado el vicepresidente del grupo, Surya Deva.
"Al mismo tiempo, el gobierno chino debe crear un entorno propicio para que todas las empresas que operan en China lleven a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales", ha enfatizado Deva.
Para finalizar, Pesce ha insistido a las autoridades china que "ponga fin de inmediato a cualquier medida" contra la comunidad uigur "que no se ajuste plenamente al derecho y a las normas internacionales" bajo justificaciones de lucha contra el terrorismo o el extremismo violento.