MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Justicia de Hong Kong ha asegurado este sábado que la polémica Ley de Seguridad Nacional decretada por el Gobierno chino responde a "todos los estándares internacionales" frente a las críticas de Estados Unidos y los disidentes, que la consideran un instrumento para acallar la disidencia en el territorio.
"Resulta descorazonador ver cómo tantos países occidentales se han puesto de acuerdo para lanzar ataques infundados en un intento deliberado de engañar a la comunidad internacional", según el comunicado, recogido por la televisión hongkonesa RTHK.
La nota defiende que la ley, impuesta el año pasado tras las protestas contra el Gobierno hongkonés, estipula la protección de los derechos de la población, aunque en modo alguno son absolutos y están regulados por la ley en el caso de que atenten contra las libertades ajenas.
Esta declaración tiene lugar después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara este viernes sanciones contra siete funcionarios del Gobierno chino, cuando se cumple un año de la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong.
Los funcionarios son Chen Dong, Yang Jianping, Qiu Hong, Lu Xinning, Tan Tieniu, He Jing, y Yin Zonghua, que son subdirectores de la Oficina de Enlace del Gobierno de Pekín en Hong Kong.
Esta oficina "es la principal plataforma de Pekín para proyectar su influencia en Hong Kong y ha socavado repetidamente el alto grado de autonomía prometido para Hong Kong en la declaración conjunta chino-británica".
En un comunicado, el departamento de Estado ha denunciado que "durante el año pasado", los funcionarios de China y Hong Kong "han socavado sistemáticamente las instituciones democráticas de Hong Kong, han retrasado las elecciones, han descalificado a legisladores electos de sus cargos y han obligado a los funcionarios a prestar juramentos de lealtad para mantener sus trabajos".
En respuesta, la jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, denunció las sanciones y los comentarios norteamericanos como "una intervención flagrante en los asuntos internos de la República Popular de China, de los que la Hong Kong es parte inalienable, un pisoteo total del estado de Derecho y, una vez más, un doble rasero de la Administración de Estados Unidos".