Publicado 07/06/2021 15:12CET

Chipre.- Chipre entregó más de 3.600 pasaportes ilegales a extracomunitarios que pagaban al menos 2,5 millones por ellos

Archivo - El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades
Archivo - El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades - Jean Marc Ferré/UN Photo/dpa - Archivo

ATENAS, 7 Jun. (DPA/EP) -

Chipre concedió ilegalmente la ciudadanía chipriota a miles de extracomunitarios entre 2007 y finales de 2020, según ha revelado el lunes el director de una comisión especial de investigación sobre el caso.

El informe que se ha elaborado tras la investigación será enviado ahora a los fiscales, que tendrán que decidir cómo proceder. Según las acusaciones, el escándalo involucra a políticos, abogados, funcionarios y clérigos.

En total, 3.609 personas recibieron ilegalmente la ciudadanía chipriota, lo que supone "aproximadamente el 53 por ciento de los 6.779 casos" que han sido analizados en la indagación, ha explicado el director de la comisión investigadora, Myron Nikolatos.

Las investigaciones se han llevado a cabo durante unos nueve meses a exigencia de la Unión Europea.

Para hacerse con los pasaportes, los interesados debían estar dispuestos a pagar al menos 2,5 millones de euros, por los que el individuo obtenía un pasaporte que le permitía viajar libremente por todo el territorio de la UE.

El plan supuso una recaudación de 9.700 millones de euros, según el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, un dinero que el país necesitaba, sobre todo porque se vio envuelto en la crisis financiera de la UE en 2013.

Chipre puede conceder la ciudadanía bajo sus propias reglas, pero las medidas que se tomaron para atraer a personas dispuestas y capaces de pagar supuestamente estarían fuera de la ley.

De hecho, el presidente de la asamblea legislativa dimitió tras un reportaje de la cadena de televisión panárabe Al Yazira el año pasado en el que se utilizaron cámaras ocultas para mostrar las tácticas empleadas para captar el interés de los receptores de los pasaportes.

Su dimisión se dio ya que en las grabaciones aparece prometiendo "gestionar" el caso de una persona.

La UE lleva años intentando acabar con estas prácticas --Malta también ha sido objeto de críticas-- ya que le preocupa que las ventas puedan dar lugar al blanqueo de capitales, evasión fiscal y corrupción y que puedan debilitar la seguridad nacional. En el caso de Chipre, se acabó con esta práctica en noviembre de 2020.

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