MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado este martes su preocupación por la difusión de "mensajes estigmatizantes" que "alientan la discriminación", y el "hostigamiento" a autoridades electorales, en el marco de la tensión que vive el país tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
En un comunicado, la CIDH ha llamado al Gobierno a "observar sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos relacionadas con la prevención, investigación y sanción" de los hechos citados.
Asimismo, la comisión, que ha monitoreado "de cerca" la situación en el país en el contexto electoral, que ha sido calificado como "positivo" por misiones de observación internacionales, ha aseverado que los Jurados Electorales Especiales (JEE) no han detectado indicios de "irregularidades", como ha denunciado la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Los resultados oficiales de los comicios están pendientes de proclamarse ante las peticiones de nulidad presentados por la aspirante conservadora, a quien se le impuso el candidato de Perú Libre, el izquierdista Pedro Castillo, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha recordado la CIDH.
En este contexto, ha lamentado que ha recibido información sobre la difusión de mensajes que incluyen "expresiones denigrantes y estigmatizantes" que, como ha alertado, pueden promover "la discriminación por origen étnico-racial, situación socieconómica, supuestas afiliaciones políticas, origen regional y otras condiciones sociales de las personas, principalmente, personas indígenas y habitantes de zonas rurales del país".
Dicha situación ha sido denunciada por autoridades de los pueblos indígenas, comunidades campesinas del país y rechazada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha subrayado la comisión.
En la misma línea, ha condenado la difusión de mensajes "dirigidos al amedrentamiento de personas específicas con base en sus opiniones políticas".
"Como parte de estas acciones se habría difundido información personal confidencial, sin consentimiento de personas ciudadanas que participan en la vida pública a fin de obligarlas a abandonar el territorio nacional como represalia por sus afiliaciones u opiniones políticas", ha explicado, para apuntar que la Fiscalía peruana ha iniciado un procedimiento de prevención de la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal.
Entre este "hostigamiento", la CIDH ha apuntado al 'doxing', el hostigamiento digital, el cual consiste en la divulgación de información personal confidencial con fines intimidatorios.
Ante ello, ha señalado a la importancia de que las empresas de Internet puedan adoptar medidas para "prevenir y mitigar este tipo de contenidos", en línea con las recomendaciones que ha realizado la misma comisión en distintos informes temáticos.
En concreto, la CIDH ha manifestado su preocupación ante las denuncias de intimidaciones o acoso contra autoridades electorales, incluyendo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quienes han sufrido manifestaciones en el exterior de sus domicilios.
ATAQUES A LA PRENSA
Por otro lado, la CIDH ha lamentado los reportes recibidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión acerca de la falta de garantías para ejercer la labor periodística en el contexto electoral en Perú.
La oficina ha registrado diversas denuncias de trabajadores de prensa que habrían sido "presionados en sus puestos de trabajo en relación con la línea informativa de la cobertura de las elecciones", lo que en algunos casos habría resultado en "renuncias forzadas".
Por ello, la CIDH ha instado al Estado a "brindar las más amplias garantías para que periodistas y medios de comunicación desempeñen su labor, que resulta crucial en contextos electorales".
La comisión ha reiterado que el Gobierno debe "garantizar la igualdad y no discriminación respecto de grupos en situación de vulnerabilidad en contextos electorales", así como "prevenir, investigar y sancionar la discriminación, la violencia y actos de acoso o intimidación que puedan reportarse en el contexto electoral".
También, ha urgido a "garantizar la vida e integridad personal de quienes participan en la vida pública del país, así como la independencia en el ejercicio de las funciones de las personas titulares de cargos dentro del sistema electoral y judicial".
"Uno de los elementos esenciales de la democracia representativa es la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo", ha rememorado, para, por último, exigir al Estado a "continuar garantizando las condiciones necesarias para la resolución de los recursos pendientes para la proclamación de los resultados electorales finales, a la luz del marco constitucional interno y dentro del efectivo ejercicio de la democracia representativa como base del Estado de derecho".
Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a al izquierdista Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido nulidades de actas.
Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.
La jornada electoral fue supervisada por varios organismos nacionales e internacionales, con misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, quienes han descartado irregularidades.