BOGOTÁ, 28 Sep. (Notimérica) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha exhortado este lunes a Venezuela a detener las deportaciones de ciudadanos colombianos ubicados en zona de frontera con Colombia y a tomar medidas para remediar la "grave crisis humanitaria", después de la visita que el organismo realizó a la zona entre el 10 y el 12 de septiembre.
En el informe realizado a partir de la visita sólo a Colombia, ya que, según el organismo, Venezuela le impidió el paso, la comisión ha solicitado a Venezuela que establezca junto con Colombia mecanismos que permitan la reunificación familiar de todas las familias fueron separadas, así como para la restitución de bienes y enseres de las personas afectadas, o en su defecto, una indemnización.
Asimismo, la Comisión ha urgido al Estado venezolano "a detener de manera inmediata cualquier expulsión colectiva, arbitraria, y/o sumaria, a garantizar que cualquier migrante en situación irregular tenga acceso a un procedimiento migratorio que cumpla con las garantías de debido proceso y a que se proteja el principio de unidad familiar".
Asimismo, Venezuela deberá garantizar la aplicación de los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio, la excepcionalidad de la detención migratoria, la prohibición de la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes, la detención en condiciones acordes a la dignidad humana y la prohibición de las expulsiones masivas.
En el informe de su reciente visita a Colombia, la CIDH ha señalado que pudo constatar la crisis humanitaria en la que se encuentran las personas deportadas y las que retornaron como consecuencia del temor y la situación que estaban viviendo en Venezuela, al tiempo que califica la situación de "preocupante".
Según la Comisión, la forma en la que se realizaron las deportaciones desde Venezuela, según su información, indica que a estas personas se les violaron múltiples derechos humanos y que fueron sujetas a expulsiones colectivas.
LOS TESTIMONIOS
La comisión ha recibido testimonios e información que indican que a partir del 21 de agosto de 2015, el punto migratorio de Villa del Rosario, Colombia, y San Antonio del Táchira, Venezuela, atravesó una situación crítica, por la llegada masiva de personas deportadas desde Venezuela o que por temor a ser deportadas habían decidido retornar a Colombia.
Citando a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), la CIDH ha señalado que desde el 21 de agosto al 9 de septiembre, 1.482 personas colombianas fueron deportadas y otras 19.952 habrían retornado a Colombia como consecuencia de la situación que estaban enfrentando en Venezuela.
La comisión ha reconocido la respuesta de Colombia ante la crisis, el registro de 15.176 personas en el Registro Único de Damnificados de Gestión del Riesgo, y ha reportado que algunas personas no estarían recibiendo ayudas, otras estarían llegando a la zona de otros municipios y algunas aún siguen en Venezuela con intención de llegar al país.
"La comisión observa que, con posterioridad a la visita, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos sostuvieron una reunión en Quito, Ecuador, en la cual llegaron a siete acuerdos tendientes a la progresiva normalización en la frontera entre Venezuela y Colombia", ha indicado la corte al señalar que seguirá colaborando con ambos países para llegar a una solución y que continuará monitorizando la situación que especificó por partes.
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: OPERATIVOS MIGRATORIOS
La comisión ha observado que en el marco de la declaratoria del estado de excepción y el cierre de la frontera, se habría militarizado la zona con el envío de más de 1.500 tropas adicionales a la localidad venezolana de Táchira. Se recibió información que autoridades venezolanas llevaban a cabo allanamientos y destrucción de viviendas ubicadas a la ribera del río Táchira.
La CIDH ha rechazado los operativos basados en la nacionalidad de un grupo de personas y ha indicado que es una práctica violatoria del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo II de la Declaración Americana.
INTEGRIDAD, INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y PROPIEDAD
La delegación de la CIDH recibido testimonios de colombianos deportados a Venezuela que las autoridades venezolanas habrían desalojado de sus casas forzosamente o por engaños, reportándose abusos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, para luego proceder a deportar a las personas colombianas de forma arbitraria y colectiva.
En estas circunstancias, la comisión considera que la expulsión de las víctimas implicó la pérdida de facto de todos aquellos bienes que quedaron en territorio venezolano, lo que constituye una privación ilegal y arbitraria de sus bienes.
La CIDH ha señalado además que la violación y otras formas de violencia sexual de una persona detenida por un agente del Estado debe considerarse como una forma especialmente grave y aberrante de tortura.
DETENCIÓN MIGRATORIA
Las autoridades venezolanas han indicado la CIDH habrían detenido por períodos de 12 a 14 horas, en algunos casos se reportan días, a nacionales colombianos, entre ellos niñas y niños, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores, en lugares sin condiciones mínimas de salubridad (sin acceso al agua potable y alimentación), sin la orden de un juez, y sin posibilidad de impugnar tal detención.
La comisión ha reiterado que los estándares internacionales establecen que la detención debe aplicarse sólo de manera excepcional y luego de haber analizado en cada caso su necesidad.
EXPULSIONES COLECTIVAS
Durante su visita, la delegación de la Cidh fue informada que después de que las personas fueran desalojadas forzosamente de sus casas, luego eran deportadas de forma sumaria arbitraria y colectiva de territorio venezolano.
La comisión ha recordado que el Estado venezolano tiene la obligación de analizar, fundamentar y decidir de forma individual cada una de deportaciones que lleven a cabo. En este orden de ideas, la comisión ha reiterado que las expulsiones colectivas son manifiestamente contrarias al derecho internacional.
DEBIDO PROCESO MIGRATORIO
La información recabada por la CIDH indicó que estas deportaciones se estarían realizando de forma arbitraria, sin que se respetasen garantías de debido proceso migratorio, el principio de la unidad familiar, el interés superior del niño, el derecho a la integridad personal, ni el derecho a la propiedad de estas personas.
DERECHO A SOLICITAR Y RECIBIR ASILO Y PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN
De acuerdo con la información de OCHA, entre los deportados y retornados se han identificado más de 150 casos de solicitantes de asilo y refugiados colombianos lo que va en contra del artículo XXVII de la Declaración Americana que reconoce el derecho a buscar y recibir asilo, respecto del cual el principio de no devolución es la piedra angular.
"La comisión estima necesario recordar que obligación de los Estados de no expulsar, repatriar o devolver a los refugiados y solicitantes de asilo a territorios en los que su vida o su libertad corren peligro es un principio básico de protección consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que no admite reservas", ha indicado.
VIDA FAMILIAR E INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
La CIDH también ha recibido abundante información indicando que muchas de las personas deportadas habían sido separadas de sus familias, en particular de madres y padres que fueron separados de sus hijos menores de edad, provocando sufrimiento y ansiedad por parte de los menores.