Actualizado 23/05/2012 9:26:46 +00:00 CET

La CIDH pide a Venezuela investigar los incidentes de la cárcel de La Planta

MADRID, 23 May. (EUROPA PESS) -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por los recientes incidentes de la Casa de Reeducación, Rehabilitación e Internado Judicial El Paraíso --más conocida como cárcel de La Planta y ubicada en el centro de Caracas--, en los que murieron al menos dos personas, y ha pedido al Gobierno de Venezuela que investigue estos hechos, sancione a los responsables de la entrada de armas en el centro penitenciario, informe sobre el traslado de presos a otros centros penales y garantice la vida e integridad de los reclusos trasladados.

De acuerdo con la información en poder de la CIDH, entre los pasados 27 de abril y 17 de mayo se registró una "grave" tensión entre los reclusos de la cárcel de La Planta, "que tenían en su poder un contingente de armas de fuego y municiones", y los cuerpos de seguridad del Estado.

En este contexto se produjeron tres intercambios de disparos entre los reclusos y las autoridades, el 30 de abril, el 8 de mayo y el 17 de mayo, "como consecuencia de los cuales perdieron la vida al menos dos personas, y siete resultaron gravemente heridas", prosiguió la CIDH en un comunicado.

"El hecho de que la población reclusa de La Planta se encontrara armada, que dicho centro penal estuviera superpoblado, y que estuviera ubicado en una zona de Caracas densamente poblada, provocó una grave crisis de seguridad en esa ciudad durante más de tres semanas", añadió.

Por ello, la CIDH insta al Estado venezolano "a investigar de oficio y con la debida diligencia los hechos de violencia ocurridos durante las pasadas semanas en la cárcel de La Planta, particularmente las muertes ocurridas en el curso de estos acontecimientos y el ingreso de armas de grueso calibre y explosivos a dicho centro penitenciario".

"Considerando que la tenencia de armas por parte de reclusos no se ha registrado solamente en la Cárcel de La Planta, sino en otros centros penales de Venezuela, la CIDH reitera que el desarme de la población reclusa y los controles efectivos del ingreso de armas en los penales son medidas que el Estado debe adoptar de forma inmediata para reducir los índices de violencia carcelaria y para evitar la repetición de hechos similares", agregó la Comisión.

Según los medios de comunicación venezolanos, los 1.600 presos de La Planta se habían amotinado para protestar por su inminente traslado a otro centro penitenciario y para pedir que, en caso de que no hubiera más remedio que reubicarlos, al menos se mantuviera la unidad del colectivo. Tras el estallido del motín, según fuentes locales y familiares de los presos, las fuerzas de seguridad cortaron el suministro de luz y de agua en la cárcel y dispararon municiones reales y gases lacrimógenos con la intención de dispersar a los reclusos.

EL TRASLADO

El pasado 18 de mayo, los presos llegaron a un acuerdo con las autoridades venezolanas para poner fin al motín y aceptaron su traslado a otros centros penitenciarios para solucionar los problemas de hacinamiento, segúm la prensa local. Ese mismo día, según el Gobierno, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desalojó de La Planta a unos cien presos, a los que trasladó a cárceles del norte de Venezuela.

Al respecto, la Comisión Interamericana ha advertido de que, de momento, no le consta "que se haya publicado oficialmente alguna lista o listas con los nombres de los reclusos y los lugares a los que fueron trasladados" y ha pedido por ello a las autoridades que, "en atención al principio de transparencia, ofrezcan información oficial relativa al número de internos presentes en La Planta antes del inicio del conflicto, así como del número, la identidad y el destino de aquellos reclusos que fueron trasladados".

"La Comisión Interamericana también observa con preocupación las manifestaciones públicas vertidas por altas autoridades del Estado, en el contexto de los hechos referidos en este comunicado, en las que se descalifica el trabajo de aquellas organizaciones de Derechos Humanos que trabajan a favor de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familiares", manifestó la CIDH.