WASHINGTON, 24 Jul. (Notimérica) -
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha mostrado su preocupación ante la revelación de "una gran cantidad de información" que indica que varios gobiernos del hemisferio habrían adquirido e implementado programas de vigilancia de las comunicaciones electrónicas, que "pueden generar un perjuicio serio a los derechos" a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión en la región.
Dicho organismo ha instado a las autoridades a "investigar, ofrecer una explicación clara sobre estos hechos y aplicar las sanciones que correspondieren", y ha añadido que los Estados también deben revisar la legislación pertinente y modificar sus prácticas sobre vigilancia, con la finalidad de asegurar su adecuación a los principios internacionales en materia de derechos humanos.
La CIDH ha mostrado su preocupación después de que en los últimos días se expusieran públicamente al menos 400 GB de información de la empresa italiana Hacking Team, dedicada a la comercialización del software de espionaje Remote Control System (Sistema de Control Remoto, RCS por su sigla en inglés) dirigido a gobiernos o agencias gubernamentales, conocido también como DaVinci o Galileo. Los documentos que fueron filtrados incluirían facturas, correos electrónicos, datos fiscales, entre otros archivos.
Según la CIDH, el software de espionaje comercializado por la empresa estaría diseñado para evadir la encriptación en los computadores y teléfonos móviles, lo que permitiría sustraer datos, mensajes, llamadas y correos, conversaciones de voz a través de IP [VOIP, voice over IP] y mensajería instantánea. Con dicho software sería posible también activar remotamente cámaras y micrófonos.
Según el portal de Hacking Team, "la recolección de evidencia en los dispositivos monitoreados es silenciosa y la trasmisión de los datos recolectados desde el dispositivo al servidor del RCS está encriptada y no es rastreable", señala la CIDH.
El organismo refiere que, según varias organizaciones de la sociedad civil e informes publicados en distintos medios de comunicación, algunos de los Estados de la región serían o habrían sido clientes de Hacking Team y estarían haciendo uso de su software "sin tener un respaldo legal claro para hacerlo".
Añade que después de las revelaciones, algunos gobiernos han negado cualquier vínculo con la empresa Hacking Team y otros han indicado que adquirieron el software al amparo de la ley para la prevención e investigación del crimen organizado y el terrorismo.
INJERENCIA ILEGÍTIMA.
Ante esta revelación, la Relatoría Especial ha recordado que, de acuerdo con los estándares internacionales, el uso de programas o sistemas de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera "clara y precisa" en la ley; ser "verdaderamente excepcional y selectivo"; y estar limitado en función a lo "estrictamente necesario" para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación.
La oficina recuerda que ya ha venido expresando que la vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina, "deben ser drásticamente sancionadas". Esta injerencia ilegítima --añade-- incluye aquellas realizada por motivos políticos contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes.
Destaca también que el sector privado que realiza y facilita las actividades de vigilancia digital debe esforzarse para asegurar que se respetan los derechos humanos, y urge a estas empresas a trabajar en forma conjunta "para no ofrecer o en su caso denunciar intentos de ejecutar programas de vigilancia masiva en oposición a los principios aquí establecidos".
Del mismo modo, la Relatoría llama la atención sobre cualquier intento encaminado a silenciar a los periodistas y medios de comunicación que denuncian ese tipo de actividades. "Bajo ninguna circunstancia, los y las periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores por ese solo hecho", indica en un comunicado recogido por Notimérica.com.
A su vez --agrega-- sería "inaceptable" que los funcionarios públicos "sugieran la comisión de actos ilegítimos de represalia" contra quienes han difundido información reservada que refiere a posibles violaciones a los derechos humanos, advierte la Relatoría, oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.