CIUDAD DE MÉXICO, 29 Ago. (Notimérica) -
El próximo 1 de septiembre cinco diputados federales del gobierno de Javier Duarte perderán su fuero parlamentario después de haber realizado pagos millonarios a empresas fantasmas desde altos cargos en dependencias del estado.
Los acusados son el tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá; el secretario de Desarrollo Social y coordinador de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos; el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández; el oficial mayor de Educación, Edgar Spinoso Carrera y la exsecretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes. Todos ellos ocuparon un lugar en la Cámara Baja en 2015, cuatro de ellos abanderados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), según ha informado 'Animal Político'.
El pasado año la Fiscalía de Veracruz trató de proceder contra alguno de los exfuncionarios después de que se reportara que la administración de Duarte había transferido más de 3.600 millones de pesos (189.536.328 dólares) a una red de empresas fantasma. Sin embargo, el hecho de estar aforados se lo impidió ya que concede a los miembros de un cuerpo legislativo la inmunidad parcial de enjuiciamiento siempre que no lo determine la Constitución.
ACUSADOS
Una de las figuras centrales en los pagos de la red fue el diputado Antonio Tarek Abdalá, ya que desde su posición de tesorero dio luz verde a la salida de recursos e incluso anticipó pagos a las empresas fantasma, según exfuncionarios de Veracruz.
En septiembre de 2017 la Fiscalía General reveló que se encontraba investigando contra Abdalá debido a su probable participación en diversos asuntos ilícitos como abuso a la autoridad, incumplimiento del deber legal y peculado. Sin embargo, un mes después la sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó darle el trámite a la solicitud de la Fiscalía de Veracruz.
Por otra parte, La Secretaría de Desarrollo Social donde Alberto Silva Ramos trabajó como secretario antes de ocupar el puesto de coordinador General de Comunicación Social, es la segunda dependencia del gobierno de Veracruz de donde salió una mayor cantidad de pagos a las empresas fantasma, solo detrás de Finanzas.
Al igual que con Tarek, en agosto de 2017 la Fiscalía solicitó al Congreso de la Unión el desafuero de Silva Ramos después de que se conocieran pagos a empresas fantasma desde la Coordinación General de Comunicación Social durante su mandato. Sin embargo, en este caso el proceso sí se puso en marcha hasta que la comisión de puntos institucionales terminó desechando el procedimiento.
Respecto al resto de los casos, el diputado federal del PRI, Adolfo Mota Hernández, el legislador del Verde, Edgar Espinoso, y el oficial, Spinoso Carrera, trabajaron en la Secretaría de Educación de Veracruz desde donde realizaron pagos por más de 216 millones de pesos (11.372.179 dólares). Por otra parte, la diputada Noemí Guzmán Lagunes otorgó casi 60 millones de pesos (3.158.938 dólares) a compañías de fachada.