MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha calificado este martes de "paso importante" la aprobación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de Colombia, pero ha advertido de que el texto no garantiza "una verdadera justicia y reparación" para todas las víctimas del conflicto armado que vive el país.
En un comunicado, la organización ha valorado positivamente que la Ley --que ha sido aprobada por el Congreso y aún debe ser sancionada con la firma del presidente Juan Manuel Santos-- reconozca la existencia de un "conflicto armado", lo cual había sido negado por el gobierno del anterior presidente colombiano, Álvaro Uribe.
Este hecho "permitirá que se dé reparación plena a algunas de las personas supervivientes de los abusos contra los Derechos Humanos perpetrados durante el conflicto armado y que se devuelvan millones de hectáreas de tierras robadas, sobre todo por los grupos paramilitares y en ocasiones con la connivencia de las fuerzas de seguridad".
No obstante, en aplicación de la Ley solo recibirán reparación económica las personas que sufrieron abusos después de 1985 y solo podrá reclamarse la restitución de las tierras robadas después de 1991. La Ley excluye también a muchas víctimas recientes de los grupos paramilitares, pues las autoridades afirman que tales grupos se desmovilizaron en un proceso auspiciado por el Gobierno que comenzó en 2003.
"Es muy importante que la Ley reconozca que los derechos de las víctimas del conflicto deben ser respetados, pero a muchas se les negará su derecho a una reparación plena", declaró el investigador para Colombia de Amnistía Internacional, Marcelo Pollack.
"El hecho de que no se reconozca que los grupos paramilitares siguen amenazando, obligando a desplazarse o matando a miles de personas --defensores y defensoras de los Derechos Jumanos, sindicalistas y líderes comunitarios--, en ocasiones en connivencia con las fuerzas de seguridad, es motivo de grave preocupación", añadió Pollack.
A Amnistía también le preocupa "que la Ley no incluya medidas eficaces que garanticen la seguridad de las personas que regresan a sus tierras, y que algunas de estas personas puedan verse obligadas a trabajar junto a quienes primero las desplazaron, a menudo con violencia, o a cederles el control real de sus tierras".
Aparte, dadas "las gravosas exigencias" que plantea la Ley a quienes solicitan la restitución de tierras, es posible que a muchas víctimas les resulte difícil demostrar que son sus propietarios, agregó la organización.
"Las autoridades de Colombia deben garantizar que las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y sus familias, así como las organizaciones de Derechos Humanos que las representan, son plenamente consultadas sobre la mejor forma de aplicar eficazmente esta ley", advirtió Pollack.
INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES
Aparte, indicó AI, se está elaborando una legislación paralela que aborda la restitución y las reparaciones a víctimas indígenas y afrodescendientes y a sus comunidades, aspectos que la Ley de Víctimas no cubre. "Es fundamental que se consiga la plena participación y consulta de estas dos comunidades en la redacción y aplicación de cualquier futura legislación", advirtió.
Amnistía ha recordardo también que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras fue aprobada por el Congreso "durante un periodo en el que han aumentado los homicidios de dirigentes de comunidades desplazadas y personas que trataban de conseguir la restitución de las tierras robadas y en el que se han incrementado las amenazas contra ellos".
"Algunas de las personas que participaron en investigaciones penales relacionadas con temas de Derechos Humanos, como víctimas, testigos, abogados, fiscales y jueces, también continúan recibiendo amenazas y se les sigue asesinando", concluyó.