La ONG participa en una audiencia para exigir rendición de cuentas por la falta de garantías a estas personas
Colombia figura como el país con más asesinatos de ambientalistas y personas defensoras de Derechos Humanos en el mundo
MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha pedido este viernes a Colombia una respuesta "robusta y coordinada" para resolver la "grave" situación de riesgo a la que se enfrentan los defensores de Derechos Humanos en el país, al que ha acusado de incumplir su obligación internacional de garantizar un espacio "seguro y propicio" para la defensa de estos derechos.
AI participa durante la jornada en una audiencia pública en el Congreso de Colombia sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, convocada para exigir rendición de cuentas por la falta de garantías de seguridad para defensores de Derechos Humanos y líderes sociales en la nación latinoamericana.
La directora adjunta de investigación para las Américas de AI, Fernanda Doz Costa, ha incidido en que el Estado colombiano "sigue incumpliendo su deuda histórica de dar una respuesta integral a la situación de riesgo" a la que se enfrentan estas personas.
"Las amenazas y ataques contra quienes defienden los Derechos Humanos siguen ocurriendo día tras día, poniendo a Colombia otra vez más como el país más letal para defender Derechos Humanos", ha agregado.
Por ello, la audiencia en el Congreso, en la que también participan organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales encargadas de garantizar la protección de estas personas y defensores de los Derechos Humanos, como la representante del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), María Ciro, es una "oportunidad única" para "trazar una ruta para que Colombia pueda avanzar" en este sentido, a juicio de Doz.
Según Coz, la audiencia también puede servir para "discutir de qué manera se puede responsabilizar a las autoridades que no actúan diligentemente frente a la grave situación en la que se encuentran quienes defienden los Derechos Humanos en el país".
En los últimos años, las organizaciones Front Line Defenders y Global Witness han colocado a Colombia de manera consistente como el país con más asesinatos de ambientalistas y personas defensoras de Derechos Humanos en el mundo.
En octubre de 2020, Amnistía Internacional hizo una serie de recomendaciones en materia de protección integral a personas defensoras a nivel nacional y en cuatro casos concretos. Sin embargo, a la fecha, las autoridades colombianas han hecho "muy poco" para garantizar condiciones seguras para defender Derechos Humanos en el país.
"Siguen promoviendo un modelo de protección que ha demostrado ser ineficaz por estar basado únicamente en medidas de protección material y la expedición de leyes, decretos y normas que carecen de medidas que aseguren su debida implementación, así como medidas destinadas a la protección individual y no de carácter colectivo", ha lamentado la organización.
Asimismo, las autoridades han avanzado de manera "muy lenta" con diversos procesos que podrían dar respuesta a las causas estructurales de la violencia, incluyendo la investigación de amenazas y ataques, el reconocimiento de territorios indígenas y el desmantelamiento de grupos armados.
Además, han adoptado medidas que, por el contrario, agudizan los riesgos para las personas defensoras como, por ejemplo, la decisión de poner en marcha una vez más campañas de erradicación forzada de cultivos ilícitos o de reducir esquemas de protección para personas defensoras en riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección durante la pandemia.
AMENAZAS Y FALTA DE PROTECCIÓN
Amnistía Internacional destaca el caso de la defensora Jani Silva como un ejemplo de la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades colombianas.
Según la ONG, a lo largo de 2021 ha sido víctima de distintas amenazas por parte de grupos armados por defender los Derechos Humanos, pese a que cuenta con medidas materiales de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección y cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El último incidente resultó en su desplazamiento debido al alto riesgo que enfrenta.
"Mientras las autoridades no adopten medidas capaces de mitigar las causas estructurales que ponen en riesgo a Jani Silva, persistirá en una situación de riesgo que comprometerá su labor como defensora de Derechos Humanos", ha indicado la organización.
Además, AI ha constatado que el Ministerio de Interior no ha podido establecer planes de protección colectiva en los casos de la Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la comunidad indígena ASEIMPOME, pese a que fueron solicitadas hace varios años.
Amnistía Internacional critica que "la lentitud" del Ministerio de Interior para establecer planes de protección colectiva evidencia que las autoridades no han sido capaces de abordar las causas estructurales de la violencia contra personas y colectivos que arriesgan su vida para defender Derechos Humanos.
"El Estado sigue abordando el riesgo que enfrentan las personas defensoras de Derechos Humanos desde una perspectiva totalmente normativa, material e individual y no con una mirada realista, colectiva y transformativa", ha resumido Doz, que ha subrayado que la protección a estas personas "no debe estar basada únicamente en la teoría, sino en hechos reales y en las soluciones expresadas por las propias personas y colectivos en riesgo".
"Si escucharan sus voces habría un ambiente significativamente más seguro para defender Derechos Humanos en Colombia", ha considerado. Por ello, ha recordado que las obligaciones en materia de Derechos Humanos recaen en los tres poderes del Estado, por lo que ha insistido en que es "imperioso" que el Congreso priorice el tema de personas defensoras en su agenda de manera permanente.
En este ámbito, ha aludido a la creación de una Comisión de Verificación de Garantías para Personas Defensoras, "que llame a rendir cuentas a las personas funcionarias del Ejecutivo que no cumplen con su deber de protección", ha concluido.
El Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) ha constatado, hasta el lunes pasado, 152 líderes, lideresas y defensores de los Derechos Humanos asesinados en lo que va de 2021.