MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ex guerrillero de las FARC Juan Carlos Castillo, que vivía en una de las zonas dedicadas a la reinserción social de los antiguos combatientes, ha sido asesinado en el departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, en el marco de la ola de violencia que sufre el país.
La Red de Derechos Humanos de Putumayo ha informado de que "el asesinato habría ocurrido en días pasados", si bien su cuerpo ha aparecido en las últimas "sobre los límites del resguardo Kwisna Cxhab y la vereda de Alto Lorenzo, en el corregimiento la Carmelita del municipio de Puerto Asís".
Castillo era uno de los habitantes del Espacio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Heiler Mosquera Carmelita, en Putumayo. Los ETCR se crearon, precisamente, para garantizar que los ex guerrilleros de las FARC dieran el paso a la vida civil con seguridad.
Además del cadáver de Castillo, han aparecido los de "una mujer y dos hombres jóvenes que serían de origen venezolano y habrían llegado hace menos de una semana al municipio" de Puerto Asís.
"Ante este nuevo asesinato contra personas de nacionalidad venezolana, se debe mencionar la presencia en el centro urbano de Puerto Asís de panfletos amenazantes en contra de la población venezolana, alarmas que no han sido atendidas", ha denunciado la Red de Derechos Humanos de Putumayo.
Así las cosas, la ONG colombiana ha denunciado "la falta de garantías y seguridad en los territorios donde claramente existe alta presencia de Policía y Ejército", por lo que ha subrayado que "no es suficiente para evitar o prevenir que estos casos se sigan presentando".
Por ello, ha urgido a las autoridades a que "se revise y replantee" la estrategia de seguridad, "ya que las prácticas de militarización al parecer no sirven y, por lo contrario, solo aportan a empeorar la inseguridad en el departamento".
Además, ha instado a las comunidades a "acelerar mecanismos reales y construidos desde las bases sociales para la supervivencia y estabilidad de los habitantes en general, basados en los protocolos de prevención, protección y garantías de no repetición, ya que son el único mecanismo real que permitiría materializar escenarios de paz".
Desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, Colombia ha sufrido un repunte de la violencia debido, sobre todo, a la pugna entre grupos rivales para apoderarse del territorio y los negocios de la extinta guerrilla, entre ellos el narcotráfico.
De acuerdo con Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos y 173 ex guerrilleros de las FARC, si bien las ONG alertan de que las cifras serían mucho mayores.