El Constitucional ratificó que la pena alternativa máxima será de 8 años de cárcel, no admitirá "rebajas" y anulará condenas ordinarias
BOGOTA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los líderes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ratificaron hoy viernes sus "reparos" hacia el fallo del Tribunal Constitucional sobre la denominada Ley de Justicia y Paz y anunciaron que llevarán a cabo un "riguroso" estudio jurídico del mencionado texto, cuyas conclusiones presentarán el 19 de julio.
La Corte Constitucional publicó este jueves el texto íntegro de su fallo sobre la norma que dota de base jurídica al proceso de desmovilización de los paramilitares. Aunque el fallo se dictó el pasado mayo, su publicación buscaba disipar las inquietudes generadas por el mismo entre los miembros ex miembros de las AUC, dudas que incluso llegaron a poner en peligro el proceso de desmovilización.
El examen a las sentencias de la Corte será adelantado por 32 abogados que representan a los líderes de las Autodefensas y que integran el colectivo de juristas Alfonso Reyes Echandía, según información difundida hoy por la emisora local 'Caracol Radio'.
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ratificó que no está dispuesto a someterse a la justicia ordinaria porque ello lo llevaría a ser extraditado a Estados Unidos y a cumplir algunas exigencias de la ley que considera "inviables".
Según Mancuso, su extradición a Estados Unidos significaría que nunca podría regresar a Colombia y que en caso de ser devuelto al país, tendría que trabajar el resto de su vida para alimentar con sus ganancias el Fondo de Reparación de las víctimas de la violencia. "La Corte desconoce la realidad nacional y lo que las Autodefensas representan para sus comarcas y para sus pobladores", sentenció.
PRECISIONES, NO MODIFICACIONES
La Corte Constitucional no modificó el fallo en la presentación del texto definitivo de la ley de Justicia y Paz. Sólo precisó en detalle la aplicación y los alcances de la pena alternativa, que va de 5 a 8 años de cárcel para los desmovilizados que cumplan los requisitos y exigencias para beneficiarse de esta norma especial.
Cumplida la pena alternativa, se extinguen las condenas ordinarias que la justicia haya impuesto contra los favorecidos por la Ley de Justicia y Paz, siempre y cuando confiesen plenamente sus delitos, reparen efectivamente a las víctimas de la violencia, resarzan los daños económicamente con sus bienes lícitos e ilícitos y respeten el compromiso de no volver a delinquir.
La Corte reiteró que el tiempo de permanencia por parte de los desmovilizados en las zonas de ubicación, como Santafe de Ralito (Córdoba), no será descontado de la pena alternativa, que a su vez será efectiva de 5 a 8 años, es decir, sobre la cual no se aplicarán rebajas por trabajo, estudio o buena conducta.
Los magistrados consultados por la citada emisora de radio precisaron que "cualquier colombiano podrá examinar con lupa de sentencia de 213 páginas que durante 56 días trabajaron intensamente, y comprobar, con base en las Actas de la sala plena, que no se presentó ningún cambio en el contenido ni en el sentido de la decisión".