BOGOTÁ, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Diputados de Colombia ha aprobado este lunes la ley estatutaria del Fuero Militar con el polémico artículo que crea la figura jurídica del "blanco legítimo" para los civiles que participen en el conflicto armado.
Tras el 'sí' de los diputados, el borrador pasará a conciliación en el Senado. Después, será revisado por la Corte Constitucional y, finalmente, será sancionado por el presidente, Juan Manuel Santos.
Uno de los puntos más polémicos es el artículo 10, que considera un "blanco legítimo" a los civiles que participen en las hostilidades, una figura jurídica de nueva creación que ha suscitado las críticas de la oposición parlamentaria.
"En muchas circunstancias no es fácil identificar cuándo hay un blanco legítimo que esté combatiendo, lo que hace altamente frágil el que la población civil resulte nuevamente involucrada", ha criticado la diputada del Partido Verde, Ángela María Robledo.
En la misma línea, el diputado de Polo Democrático y activista por los Derechos Humanos, Iván Cepeda, ha advertido de que esta ley estatutaria "abre paso a que Colombia termina en el Tribunal Penal Internacional (TPI)", según ha informado Caracol Radio.
Además, los diputados han planteado un conflicto al indicar que los jueces y fiscales militares deben ser procesados por el Consejo Superior de la Judicatura, mientras que los senadores consideran que debe hacerlo la Procuraduría General. Este tema se resolverá en la conciliación.
En respuesta a las críticas, el ministro de Interior, Fernando Carrillo, ha subrayado que el nuevo Fuero Militar garantiza que los casos de 'falsos positivos' --ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate-- recaigan en la jurisdicción ordinaria.
"Si algún proyecto ha tenido diálogo, reflexión y se han incorporado las inquietudes de las organizaciones internacionales, ha sido este proyecto de la ley estatutaria del Fuero Militar", ha defendido.
CRÍTICA INTERNACIONAL
El Fuero Militar, que fue aprobado el pasado mes de diciembre tras numerosos y largos debates parlamentarios, ha suscitado la crítica de la comunidad internacional porque podría llevar a la impunidad de los delitos cometidos por los uniformados en el ejercicio de su cargo.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, ha solicitado al Gobierno y al Congreso colombianos que "reconsideren" su apoyo al Fuero Militar porque podría "dañar gravemente los esfuerzos para que las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por policías y militares sean investigadas y llevadas ante la justicia".
La organización internacional ha explicado que en virtud de la reforma constitucional los crímenes de guerra y las detenciones arbitrarias realizados por la Policía o las Fuerzas Armadas serán investigadas y juzgadas en instancias militares, "con el consiguiente riesgo de impunidad".
En concreto, ha denunciado que con el Fuero Militar la primera fase de cada investigación, la esencial para clarificar los hechos e identificar a los sospechosos, se desarrollará en instituciones judiciales dirigidas por militares o policías, en lugar de un órgano independiente dentro de las instituciones judiciales civiles.
En la misma línea, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, ha advertido de que la reforma constitucional de Colombia sobre el Fuero Militar es "incompatible" con los estándares interamericanos de Derechos Humanos.
Tanto el Gobierno de Juan Manuel Santos como el Congreso han rechazado estas interpretaciones, asegurando que la reforma constitucional no está destinada a dar inmunidad a policías y militares.