MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Senado de Colombia ha dado luz verde al proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes sobre seguridad ciudadana, una iniciativa que, según el Gobierno, busca responder a la ola de inseguridad que viven los centros urbanos y que ha sido rechazada por la oposición por "criminalizar" las protestas sociales.
El ministro de Interior, Daniel Palacios, ha celebrado este miércoles que el Senado haya puesto punto y final al trámite para que, finalmente, el proyecto se convierta en ley. Sin embargo, la decisión no ha contado con el apoyo de la oposición, que se ha abstenido de votar, según recoge el diario colombiano 'El Espectador'.
"Esta iniciativa ha sido aprobada con premura. Contiene varias disposiciones que afectan al derecho de reunión y asociación (...). El articulado pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social. Se centra en aumentar las penas para actividades relacionadas con la protesta y fortalece acciones de autodefensa, bajo el concepto de 'legítima defensa privilegiada' que recuerda a las estrategias de las convivir (cooperativas de vigilancia), antesala legal del paramilitarismo", ha criticado el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA).
La medida fue duramente criticada por la oposición en la Cámara de Representantes durante su aprobación, donde varios miembros repudiaron el proyecto por encontrar inconsistencias, y aseguraron que se trata de "populismo punitivo", y hasta de "autoritarismo" en contra de quienes deciden salir a las calles a protestar, según recogen los medios locales.
"¿Saben que demuestra el proyecto de seguridad del gobierno? Que siempre han creído en el paramilitarismo", ha dicho en las redes sociales el precandidato presidencial por el progresista Pacto Histórico, Gustavo Petro, a lo que Palacios le ha replicado que para él "la seguridad es sinónimo de paramilitarismo, cárcel para el delincuente a dictadura, sanción para el violento restricción a la libertad" y además le ha llamado "irresponsable".
Palacios defiende la medida y asegura que esto "evitará la impunidad y castigará al delincuente": "Dará mayor capacidad a nuestros fiscales y Policía Nacional para actuar en ciertos escenarios", ha explicado a Blu Radio.
Por su parte, Iván Cepeda ha dicho que interpondrá una demanda junto a otros congresistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque la ley "viola los Derechos Humanos" y "puede deteriorar el ejercicio de ese tipo de libertades públicas", según recoge Caracol Radio.
LEGÍTIMA DEFENSA Y OTRAS MEDIDAS
La ley contempla, en concreto, la legítima defensa en propiedades privadas, aunque se excluyen los establecimientos comerciales. Además, la violencia se podría usar cuando una persona accede de manera violenta a una vivienda.
También aumentan las penas por atentar contra infraestructuras que aseguran la seguridad ciudadana, como las administraciones ligadas a Justicia, el sistema de transporte, las instalaciones militares o las de la Policía. Asimismo, se aplicará una subida de las penas para aquellos ciudadanos que oculten sus rostros o dificulten el reconocimiento visual, según recoge Caracol Radio.
En este sentido, la senadora por Unión Patriótica (UP) Aída Avella, afirma que la norma modifica las leyes vigentes para que "la presunción de inocencia y la legítima defensa existan de antemano en cualquier circunstancia que involucre a un miembro de la fuerza pública", según recoge la cadena TeleSur.
Así pues, Avella considera que es una "afrenta contra la movilización social, contra los jóvenes, contra los Derechos Humanos y contra la vida".
La normativa contempla, además, castigar la reincidencia, portar armas blancas --que entra como nuevo delito en el Código Penal-- y un endurecimiento de las penas por agresiones y asesinatos a miembros de las Fuerzas Públicas, periodistas y líderes sociales.
Durante las protestas de abril contra el presidente del país, Iván Duque, en las que participaron sectores de la sociedad civil, sindical, estudiantil y la oposición política, el papel de las fuerzas de seguridad fue ampliamente criticado tanto dentro como fuera de Colombia por la violencia desmedida ejercida contra los manifestantes, motivando incluso una visita de una delegación de la CIDH.
Este mismo mes, un informe de la ONU en el que en el que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recoge medidas para evitar la violencia policial, concluyó que la Policía colombiana fue responsable de la muerte de 28 personas en el marco de las protestas que protagonizaron el paro nacional.