Colombia.- Comienza el juicio contra Coca-Cola, Nestlé y Chiquita Brands por supuestas conexiones con los paramilitares

Actualizado 05/04/2006 20:23:22 CET

"Se recurre a paramilitares que con intimidaciones, amenazas, torturas y asesinatos hacen efectivos los propósitos de la empresa"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera audiencia del juicio contra las multinacionales Coca-Cola, Nestlé y Chiquita Brands por posibles conexiones con los grupos armados que forman parte de los paramilitares en Colombia en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) responsabilizó a Estados Unidos y Suiza de permitir que empresas transnacionales con sede en estos países "se beneficien del conflicto en la nación andina para aumentar sus beneficios".

Según señaló el TPP durante la primera audiencia del juicio, que concluyó el pasado domingo, "la precarización del empleo tiene en Colombia al paramilitarismo como agente armado para imponer recortes en los derechos laborales, lo que mejora los balances de las corporaciones estadounidenses Chiquita Brands y Coca-Cola y de la suiza Nestlé".

Sin potestad para imponer sanciones, el TPP está inspirado y es considerado sucesor de los célebres tribunales Russell de 1966-1967, sobre la guerra en Vietnam, y de 1974-1975 sobre las dictaduras en América Latina. El primero fue organizado por el filósofo y pacifista británico Bertrand Russell, y su verdadero nombre fue Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, recoge hoy 'IPS News'.

El TPP consideró que Colombia está "incumpliendo sus obligaciones en materia de abstenerse de apoyar al terrorismo y en particular la resolución 1.373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre medidas para combatir ese fenómeno".

La principal acusación contra las tres empresas es haberse involucrado en Colombia "en prácticas violatorias de los Derechos Humanos más elementales, articulándose en las redes de violencia que hunden sus raíces en estrategias de Estado, incentivadas y patrocinadas por políticas hemisféricas que buscan legitimar el imperativo de seguridad para los grandes inversores y empresarios".

Los miembros del TPP han escuchado durante estos dos días testimonios de víctimas y familiares de víctimas de violaciones de Derechos Humanos, como los asesinatos de diez trabajadores sindicalistas de la compañía Nestlé y de nueve de la fabricante de refrescos de Coca-Cola.

Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para el movimiento sindical, aunque los crímenes contra líderes sindicales disminuyeron en estos años. En 2005 fueron asesinados 43, según cifras oficiales, y casi 70, según la estadística de la Escuela Nacional Sindical (ENS).

Según sus datos, 260 sindicalistas recibieron amenazas de muerte en 2005, 56 fueron detenidos arbitrariamente, siete sufrieron atentados, 32 fueron perseguidos por su actividad sindical, ocho tuvieron que dejar sus hogares, tres fueron desaparecidos y uno soportó un allanamiento ilegal.

Las sesiones se prolongará hasta 2008 a través de siete audiencias que investigarán "prácticas económicas que se entrelazan con lo político y lo militar y afectan profundamente la vigencia de los Derechos Humanos". Aunque se esperaba una resolución provisional que responda a la amplia documentación recopilada por la Audiencia y que será remitida a la sesión deliberante dentro de dos años, los miembros del TPP manifestaron que la situación de Colombia "no puede esperar".

"Decidieron hacer una resolución mucho más contundente, analítica y fundamentada", explica el jurista y sacerdote jesuita Javier Giraldo, miembro del TPP. "Estar aquí y ver la autenticidad de los testimonios de las víctimas fue desgarrador y dramático", dijo.

"Realmente ha sido uno de los momentos más impactantes en mi trayectoria como defensora de los Derechos Humanos", coincidió la nicaragüense Vilma Núñez de Escorcia, presidenta de la Audiencia y vicepresidenta regional de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.

Núñez de Escorcia forma parte del Tribunal junto con el juez italiano Gianni Tognoni y cinco jueces nacionales. El TPP ha tenido 33 sesiones desde su creación en 1979, y es la segunda vez que Colombia es objeto de examen. Lo fue también durante 1989-1991, en el marco de audiencias sobre crímenes contra la Humanidad en 12 países de América Latina.

IRRESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Chiquita Brands reconoció ante un tribunal estadounidense haber pagado a grupos paramilitares. Según el TPP, existen pruebas de que en 2001 la transnacional bananera "transportó 3.000 fusiles AK-47 y cinco millones de proyectiles con destino a grupos paramilitares de Córdoba y Urabá", regiones del noroccidente de Colombia dominadas por esas milicias.

"Para obligar a un trabajador a retirarse del sindicato o de la empresa, a renunciar a pretensiones legítimas, a aceptar condiciones laborales precarias, se recurre sistemáticamente a paramilitares que, por medio de intimidaciones, secuestros, atentados, amenazas, torturas y asesinatos, buscan hacer efectivos los nefastos propósitos de la transnacional y del Estado colombiano", señaló el TPP.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) ha sido duramente golpeado y "todos estos crímenes y procedimientos permanecen en absoluta impunidad", subrayó.

A raíz de estas denuncias, los productos de Coca-Cola han sido boicoteados en diez universidades estadounidenses y en la británica de Oxford, así como en otros escenarios, retirando sus productos de cafeterías e instalaciones. La empresa acusó en enero a Sinaltrainal de "desinformación malintencionada", mientras que desde julio de 2001 se sigue ante el Tribunal del distrito Sur de Florida (EEUU) un proceso en su contra.

En los años 90, Coca-Cola redujo en 3,5 veces la cantidad de sus trabajadores con estabilidad laboral y en tres veces la de los sindicalizados. En Nestlé, sólo el 3% de los trabajadores actuales tiene más de diez años de antigüedad.

Para Coca-Cola, esta política significó en la última década una reducción de costos salariales del 35% cuando contrata trabajadores temporales, del 60% cuando el trabajador es subcontratado y del 75% cuando proviene de una cooperativa. En conjunto, Coca-Cola ha reducido en 2,5 veces la masa salarial de sus trabajadores, y Nestlé el 59% entre 1998 y 2005. En ambas empresas, Sinaltrainal está en proceso de extinción.