BOGOTÁ, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de la Verdad creada para la resolución del caso de la toma del Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de diciembre de 1985 determinó este jueves que el Estado de Colombia debe declararse responsable de los hechos y exigió la condena de las autoridades que por omisión participaron en los delitos cometidos.
El Gobierno de Colombia ordenó la creación de una Comisión de la Verdad con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en la toma del Palacio de la Justicia, en el que 56 personas murieron y otras 10 desaparecieron, después de que un grupo de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) entraran en el edificio y el Ejército y la Policía reprimieran con dureza la actuación.
La brutalidad de las actuaciones llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a calificar la toma del Palacio de Justicia colombiano de holocausto y masacre.
El informe de 325 páginas divulgado por la comisión revela que ninguno de los funcionarios judiciales de la época atendieron la emergencia, destacando el caso del ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, que prohibió que se le pasaran llamadas durante la invasión. Esta tesis aparece reforzada por el testimonio del presidente del Congreso colombiano del momento, Álvaro Villegas, que intentó ponerse en contacto con el titular de Defensa.
El documento señala que las declaraciones hechas en su momento por los miembros del Ejército son falsas, ya que en ningún momento se autorizó la reducción de la vigilancia del edificio, semanas antes de que el grupo de guerrilleros del M-19 ingresara en el edificio.
En este sentido, los investigadores indican que lo más probable es que el Ejército decidiera unilateralmente retirar aparentemente la vigilancia para permitir la entrada de los guerrilleros y cercarles por sorpresa en el interior del Palacio de Justicia.
En cuanto a la financiación de la toma de la sede judicial, la Comisión de la Verdad establece que procedía del narcotráfico, que proporcionó el dinero y las armas necesarias para cometer el ataque.
"Entre 1984 y 1985 miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dinero de ese Cartel y realizaron acciones criminales conjuntas, actitud que no fue compartida por otros integrantes del grupo subversivo", reza el texto.
En consecuencia, la comisión establece que Colombia debe declararse responsable por la indiferencia e impunidad que han reinado hasta el momento, al tiempo que solicitó la condena de las personas consideradas culpables por omisión de los hechos.