BOGOTÁ, 18 Ene. (COLPRENSA/EP) -
El Congreso y el Senado colombiano aprobaron con mayoría absoluta la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero ha pedido que evalúe 20 posibles modificaciones a las normas que se están aplicando para reconstruir las zonas afectadas por las lluvias que dejaron más de 300 muertos.
Sólo hubo dos votos en contra de la declaración. El pleno escuchó al Gobierno y a los legisladores Juan Lozano y Obed Zuluaga, coordinadores del Senado y de la Cámara para el estudio de la emergencia.
El ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, fue el encargado de explicar cada una de las justificaciones de esta emergencia.
Vargas Lleras dijo que hasta el 6 de diciembre habían quedado afectadas en total 165.000 hectáreas de cultivos, más de 500 establecimientos de educación, 16.738 kilómetros de carreteras principales, 34.00 kilómetros de red terciaria y más de 150 acueductos dañados, entre otros daños causados por las lluvias.
Sin embargo, el senador Lozano manifestó que las comisiones se tardarán un mes más en analizar, uno a uno, los decretos expedidos hasta la fecha, 25 en total. Para ello, se volverán a reunir la próxima semana y no descartan que a dichas sesiones citen a varios ministros para que expliquen los decretos.
El único partido que no firmó los informes de las comisiones fue el opositor Polo Democrático Alternativo. El senador de ese partido Jorge Robledo explicó que bajo la emergencia económica, el Gobierno podría haber evitado algunas de las catástrofes producidas. "Los desastres naturales son desastres sociales del régimen que es negligente", consideró.
"Una emergencia social es que se salta al Congreso, es una especie de dictadura constitucional, no han pasado las normas por el Congreso, toca esperar ver cuántas veces más el Ejecutivo se saltará al poder legislativo", sostuvo.
Aunque se esperaba una baja asistencia a la votación del Parlamento por coincidir con el período vacacional, sólo a la Cámara asistieron 148 parlamentarios.
Entre las recomendaciones que entregó el Congreso se encuentran algunas medidas como la de modificar el funcionamiento de las corporaciones autónomas y otorgarle más funciones a la Comisión Nacional de Riesgo.
En este sentido, se quiere dar un mayor apoyo para recuperar la zonas de las cuencas, como en el Macizo Colombiano y el Alto Magdalena. Además, de pedir al Gobierno que entregue las maquinarias con las que se empezarán a realizar las obras de prevención de las nuevas zonas afectadas.
Uno de los puntos a debatir fue el tema de las víctimas, por ello,
el Congreso pidió al Gobierno que en febrero tenga listo los nombres de los fallecidos.
Finalmente, el Congreso pide al Gobierno acelerar la entrega de subsidios para alquileres y bonos de subsistencia para los damnificados, y prevenir los abusos a los menores de edad que están en los albergues, por lo que reclaman una presencia permanente en estos albergues de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar y Familia (ICBF).