BOGOTÁ, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Senado de Colombia ha aprobado este jueves el texto que armoniza las versiones de la cámara alta y la Cámara de Representantes sobre el reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el instrumento jurídico que pondrá en marcha la justicia transicional ideada por el Gobierno y las FARC.
La Ley de la JEP fue aprobada por el Congreso el pasado mes de marzo, pero aún quedaba pendiente su reglamento, fundamental para que todo el andamiaje de la justicia transicional comience a funcionar. Senadores y diputados han aprobado versiones diferentes en las últimas semanas, lo que ha obligado a elaborar un texto de consenso.
La Cámara de Representantes ya dio su visto bueno el miércoles y este jueves lo ha hecho el Senado, por lo que el trámite parlamentario ha concluido, 'in extremis', ya que el 30 de noviembre era la fecha límite para usar el 'fast track', un procedimiento que permite ahorrar tiempo para convertir en leyes el acuerdo de paz entre Gobierno y FARC.
La versión pactada por senadores y diputados está ahora en manos de la Corte Constitucional, que, como con todas las leyes del proceso de paz, deberá llevar a cabo una revisión de oficio. De acuerdo con la prensa colombiana, su decisión se espera ya para el próximo año.
El reglamento emanado del Congreso recoge las correcciones de la Cámara de Representantes sobre la plantilla del Senado en lo relativo a la participación política de los ex guerrilleros de las FARC. Así, da luz verde a que puedan competir por cargos públicos, siempre y cuando se sometan a la JEP y sus sanciones sean compatibles con la actividad política, tal y como recoge el acuerdo de paz.
Sin embargo, el documento final mantiene los requisitos que el Senado añadió a los magistrados de la JEP. El más polémico establece que no podrán serlo quienes hayan ejercido como abogados defensores de los Derechos Humanos contra el Estado, una condición que no aparece en el acuerdo de paz y que Gobierno y FARC han criticado.
JUSTICIA TRANSICIONAL
La justicia transicional, junto a la participación política, son el corazón del acuerdo de paz suscrito por el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre de 2016 para acabar con una guerra de más de medio siglo, pero también los principales objetos de crítica del 'uribismo' y sus aliados.
El acuerdo de paz otorga "las más amplias amnistías" a los actores del conflicto armado, por lo que la JEP solo se aplicará a los responsables de los crímenes más graves, es decir, aquellos que --conforme al Derecho Internacional-- no pueden ser perdonados, como el genocidio y los crímenes de guerra y lesa humanidad.
La JEP idea un sistema de sanciones que permitirá a los acusados --tanto guerrilleros como agentes del Estado y terceros colaboradores-- obtener penas más ventajosas en función de la verdad que aporten y que van desde los entre cinco y ocho años de medidas restrictivas de la libertad hasta los 20 años de cárcel.