MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional de Colombia ha rechazado este miércoles una tutela, o recurso de amparo, presentado por el expresidente del país Álvaro Uribe con la que buscaba tumbar su imputación en un caso de manipulación de testigos y fraude procesal.
El debate en el seno del tribunal, que finalmente se ha saldado con cinco votos en contra y otros cuatro a favor de concederle el recurso a Uribe, se ha extendido por más de nueve horas y ha puesto de manifiesto las diferencias entre los magistrados.
El magistrado ponente, Alejandro Linares, ha explicado que la Sala Plena del Tribunal ha resuelto revocar la sentencia proferida por la Sala de Decisión penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá (...) y en su lugar negar la acción de tutela de Álvaro Uribe contra el auto del 6 de noviembre de 2020", recoge el diario 'El Colombiano'.
El recurso presentado por la defensa del expresidente estaba basado en la imposibilidad de asemejar una indagatoria en el Tribunal Supremo con una imputación de cargos, y con ello la titularidad del hecho penal cuando un aforado renuncia a su cargo como senador, como es el caso de Uribe, apunta Caracol Radio.
RECHAZO A DENUNCIA CONTRA CEPEDA
Este martes el Tribunal Supremo de Colombia rechazó una denuncia presentada por Uribe contra el senador opositor Iván Cepeda, a quien acusa de alteración de pruebas en el caso al que se enfrenta el antiguo inquilino de Casa Nariño por manipulación de testigos.
La defensa del expresidente denunció ante el Supremo que el supuesto borrado de las conversaciones que Cepeda habría mantenido con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve habría afectado a la "integridad" del "contexto y las circunstancias" que originaron la información sobre la que se inició una investigación contra Uribe.
No obstante, el Supremo desestimó la reclamación de la defensa afirmando que no existe deber alguno de conservar conversaciones privadas, por lo que reclamar ese contenido bajo un principio "de solidaridad con las autoridades de justicia", supone "una injerencia arbitraria y proscrita en la esfera de la intimidad".
El proceso contra Uribe comenzó en 2018 cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.
Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.
Así, el Supremo sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.