Actualizado 27/03/2012 19:29 CET

Defensa aclara que sólo ha autorizado a Brasil, la CICR y Piedad Córdoba a participar en las liberaciones

BOGOTÁ, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Colombia ha aclarado que sólo han autorizado la participación de Brasil, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) --colectivo que dirige la exsenadora Piedad Córdoba-- en el proceso de liberación de los diez uniformados que están en poder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La aclaración tiene lugar poco después de que la guatemalteca Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú afirmara que iba a participar como garante en las liberaciones por ser miembro del grupo Mujeres del Mundo por la Paz, avalado por las FARC para visitar a los rebeldes presos en las cárceles colombianas.

En un comunicado, Defensa ha enfatizado que "sólo se permitirá la participación del Gobierno de Brasil, el CICR y Colombianos y Colombianas por la Paz", descartando así cualquier posibilidad de que otras organizaciones se sumen a este proceso que podría comenzar la próxima semana.

Las FARC confirmaron hace unos días que la liberación de los diez policías y soldados que tienen en su poder desde hace más de trece años se realizará entre los próximos 2 y 4 de abril, mediante un gran operativo humanitario que se realizará en dos fases. La fecha ha sido cambiada en al menos tres ocasiones por cuestiones logísticas y por la decisión que tomó la guerrilla hace unas semanas de suspender temporalmente el operativo por las constantes ofensivas del Ejército.

Los diez uniformados habían sido secuestrados para presionar a las autoridades a dar luz verde a un intercambio de rehenes y rebeldes presos, propuesta que ha sido rechazada por el Gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, Defensa aclara en el comunicado que este proceso es de carácter únicamente humanitario y pide que no sea utilizado como propaganda política.

TEMEN POR LA VIDA DE LOS REHENES

Los familiares de los diez uniformados secuestrados han expresado su preocupación por las posibles represalias de las que podrían ser blanco los uniformados ante los intensos operativos que ha desplegado el Ejército contra las FARC.

Jaime Trujillo, padre del intendente de la Policía Jorge Trujillo, ha comentado que su familia está preocupada por las decisiones que vayan a tomar los guerrilleros en los próximos días. "Ojalá que las FARC no tomen represalias por la muerte de los guerrilleros que se han presentado", ha comentado, al referirse a las recientes bajas que ha sufrido la organización armada.

"El cambio de fechas ha generado incertidumbre y angustia, pero lo importante es que ahora se mantenga lo que se estableció", ha señalada en declaraciones citadas por Colprensa.

Por su parte, Gloria Marín, esposa del intendente de la policía Carlos José Duarte, secuestrado desde 1999, ha confesado que desde un comienzo estaban conscientes de que la fecha de liberación podría sufrir cambios. "Para nosotros lo importante es que nuestros familiares regresen", ha subrayado.

"Me da mucho miedo que puedan haber consecuencias negativas para nuestros seres queridos o que de pronto aplacen las liberaciones", ha expresado por su parte Cristina Arcia, hermana del sargento viceprimero del Ejército Luis Arturo Arcia, privado de su libertad en 1998.

En este sentido, Arcia ha pedido a Santos decretar un alto al fuego mientras se desarrollan las liberaciones, pues asegura que su hermano podría estar en algún lugar del departamento de Meta (sur), donde en los últimos días han tenido lugar enfrentamientos entre guerrilleros y soldados, informa Colprensa.

El viceministro de Defensa, Jorge Bedoya, ha descartado que las recientes operaciones contra las FARC --que han provocado hasta la fecha la muerte de más de 60 rebeldes-- afecten los operativos humanitarios que se han estado coordinando para poner en libertad a los diez uniformados.

"Nosotros tenemos la instrucción del presidente la República, Juan Manuel Santos, de seguir actuando con toda la contundencia de manera sostenida contra este grupo terrorista y esa es la tarea que constitucionalmente tenemos como fuerza pública", ha aclarado.