BOGOTÁ, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, ha calificado de "dolorosa" la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado por la matanza del municipio de Santo Domingo, ubicado en el departamento de Arauca (noreste).
"Llama mucho la atención que, mientras aquí hay condenas directas contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la CoIDH ponga en entredicho la acción del Estado colombiano", ha dicho, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
Así, el titular de Defensa ha lamentado que, "finalmente, con el fallo del alto tribunal lo que queda en entredicho son las acciones de la Fuerza Pública, de los policías y militares que han trabajado por la seguridad de esta región del país".
En la misma línea, el comandante de la Fuerza Aérea, el general Tito Saúl Pinilla, ha considerado que "el único responsable (de la matanza de Santo Domingo) es el líder guerrillero Germán Suárez Briceño, alias 'Grannobles', que ha sido condenado por la Corte Suprema de Justicia".
A este respecto, Pinilla ha aseverado que la Fuerza Pública "nunca ha usado su armamento contra civiles" y, en concreto, que "no ha lanzado ningún tipo de dispositivo aéreo contra el municipio de Santo Domingo", pese a lo denunciado en la sentencia del tribunal regional.
La defensa de los militares procesados por este caso asegura que las FARC fueron quienes llevaron a cabo el bombardeo contra Santo Domingo y que para responsabilizar a la Fuerza Aérea trasladaron los restos de las bombas militares al municipio.
LOS HECHOS
La matanza se perpetró el 13 de diciembre de 1998, cuando aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) lanzaron un dispositivo cluster formado por seis bombas de fragmentación sobre Santo Domingo, en el marco de un operativo militar contra la guerrilla que duró varios días.
Como consecuencia de ello, 17 personas murieron, incluidos seis niños, y 27 resultaron heridas, entre ellas diez niños. Además, los habitantes del municipio araucano tuvieron que abandonar sus hogares y no pudieron volver hasta enero de 1999.
Por estos hechos ya han sido condenados los tres tripulantes del avión de la FAC, aunque posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Bogotá solamente ha ratificado la sentencia contra dos de ellos, así como el Estado colombiano en vía contencioso-administrativa.
EL FALLO DE LA CoIDH
Ayer, los siete magistrados asignados por la CoIDH a este caso declararon al Estado colombiano "internacionalmente responsable por las violaciones de los Derechos Humanos" cometidas en el marco del operativo militar, señalando la vulneración de los derechos a la vida y a la integridad física y los desplazamiento forzosos.
El alto tribunal ha argumentado que, "dada la capacidad letal y la precisión limitada del dispositivo cluster, el lanzamiento del mismo sobre el casco urbano de Santo Domingo era contrario al principio de precaución reconocido por el Derecho Humanitario".
A ello ha añadido que "los actos de ametrallamiento contra la población civil por parte de los miembros de la FAC implicaron un incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad física, en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos".