Los familiares de las víctimas estudian llevar el caso ante el Tribunal Penal Internacional
BOGOTÁ, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, y el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, ordenaron este lunes que los 17 militares implicados en varias ejecuciones extrajudiciales en Soacha, en el estado de Cundinamarca (centro), permanezcan confinados mientras se esclarecen lo hechos.
El pasado jueves 7 de enero el juez encargado del caso ordenó la liberación de los militares acusados por el escándalo de los 'falsos positivos', después de que venciera el plazo legal para presentar una acusación formal contra los detenidos o para llamarles a juicio.
En respuesta a esta medida judicial, el titular de Defensa y el general Padilla de León decidieron recluir a los uniformados en una unidad militar donde deberán permanecer hasta nueva orden, ocupados en la realización de tareas internas y sin que sean asignados a ningún tipo de misión táctica ni operativa.
Con esta medida, el Gobierno pretende mostrar su compromiso y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de este tipo de casos e impedir que dichas actuaciones queden impunes.
"La decisión parte de la política del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares de protección de los Derechos Humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario que busca que en aquellas circunstancias en las que ocurran violaciones estas no queden en la impunidad", reza el comunicado.
En este sentido, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó recientemente su preocupación por el rumbo que puedan tomar las causas sobre los más de 1.200 casos de 'falsos positivos' denunciados en el país tras la excarcelación de los 17 militares implicados en varios casos.
PRIMER CASO DE 'FALSOS POSITIVOS' EN EL TPI
Por su parte los familiares de las víctimas de la ejecución extrajudicial estudian la posibilidad de denunciar por primera vez un caso de 'falsos positivos' ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) como un delito de lesa humanidad.
El candidato presidencial de Polo Democrático, Gustavo Petro, apoyó estas tesis argumentando que la decisión de excarcelar a los militares fue un error de la Fiscalía colombiana que desde un principio debió juzgar el caso como un delito de lesa humanidad.
Asimismo, el político explicó que los hechos de Soacha podrían adquirir tal denominación al tratarse de la participación de funcionarios públicos en desapariciones y ejecuciones forzosas y sistemáticas de civiles que posteriormente eran presentados ante la opinión pública como guerrilleros caídos en combate.