MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
Al menos 15 líderes de organizaciones de víctimas de los grupos paramilitares en Colombia han sido asesinados desde julio del 2005, cuando entró en vigor la Ley de Justicia y Paz, la norma jurídica que se aplica a los paramilitares.
La responsabilidad de los crímenes está "en cabeza de estructuras paramilitares, con anuencia de agentes estatales", afirmó el portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda Castro.
Cepeda hizo la denuncia durante la presentación de la Comisión Ética Internacional para Colombia, integrada por 25 ONG, que trabajará durante diez años. En el acto participaron el congresista estadounidense James P. McGovern, representante a la Cámara demócrata, y defensores de Argentina, Brasil, Chile y España.
Cepeda señaló que es previsible que algunos de los ex jefe 'paras' presos, "tengan que ver con lo que está ocurriendo", y explicó que su ONG ha recibido informes que muestran que las Autodefensas Unidas de Colombia mantienen activas muchas estructuras.
El portavoz precisó que los asesinatos han sido cometidos en las más diversas regiones del país, entre ellas el Chocó y el Putumayo, departamentos en la frontera oeste con Panamá y sur con Ecuador, respectivamente, según informa la emisora local 'RCN'.
La víctima en el Chocó fue Orlando Valencia, líder de unas comunidades negras que reclaman tierras que les fueron usurpadas por los paramilitares para establecer grandes plantaciones de palmas de aceite, incluso con ayuda económica internacional, precisó Cepeda.
En el Putumayo, fue asesinado un testigo de la Fiscalía General que facilitó el hallazgo, hace dos semanas, de unas fosas comunes de desaparecidos a manos de los paramilitares, agregó el portavoz del Movimiento de Víctimas.
"Los aparatos de poder político de los 'paras' están intactos", prosiguió el portavoz, para puntualizar que "la idea de que se ha acabado el paramilitarismo es una idea que solamente puede caber en los discursos oficiales".
Cepeda aludió a la afirmación del Gobierno del presidente Alvaro Uribe que las AUC completaron su disolución a mediados de 2006, después de un diálogo de paz de casi cuatro años que implicó la desaparición de más de 31.000 paramilitares.
El portavoz del Movimiento de Víctimas dijo que el caso de los líderes asesinados es una de las primeras tareas de la Comisión Ética Internacional para Colombia, formalizada el pasado miércoles de forma simultánea en las localidades de San Onofre y Barrancabermeja.
Entre los miembros de la Comisión también figuran, la argentina Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la brasileña Francine Damasceno Piñeiro, del Movimiento de los Sin Tierra, y los chilenos Enrique Núñez, de la Comisión Ética contra la Tortura, y Lorenzo Loncon, del pueblo indio de los mapuches.
Asimismo, los españoles Libertad Sánchez Gil, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca, y Alberto Girádles, de la Comunidad Eclesiástica de Base Santo Tomás, de Madrid.