MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz (INDEPAZ) ha mostrado este domingo en su último informe un total de 240 fallecidos en lo que va de año, repartidos en 61 masacres, lo que supone cifras similares a las de hace dos décadas, y señalando como responsables al Gobierno y a su "connivencia" con el crimen y a los grupos armados y del narcotráfico.
El estudio ha señalado como los años 2019 y 2020 han sido "los más violentos en Colombia" desde aquel periodo entre 1998 y 2006, en el que el país sufrió el auge y la caída de los grupos paramilitares de extrema derecha.
"Las masacres de 2020 se equiparan a las de hace 20 años", reza el informe de INDEPAZ, que no sólo señala a los grupos del narcotráfico que se disputan las rentas de los cultivos ilícitos, sino también a la "connivencia del Estado", y a su continúa política del terror para acallar voces disidentes.
"El Gobierno del presidente Iván Duque no tiene rumbo, no hay claridad conceptual, le echan la culpa todavía a Juan Manuel Santos, al proceso de paz y además no se ocupan los territorios", dice el informe citando a la Fundación Paz y Reconciliación.
En relación a los grupos armados, el informe detalle como la desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC ha fortalecido a otras estructuras, como al Ejército de Liberación Nacional (ELN), o al Ejército Popular de Liberación (EPL), con aquellos combatientes que no se han querido acoger al proceso de paz.
Grupos paramilitares como Clan del Golfo, o Los Caparrapos; además de las disidencias de las FARC y otras bandas armadas más pequeñas en busca de territorios, son otras de las estructuras cuya presencia en todo el oeste del país ponen en serio peligro la vida de sus moradores, en especial la de aquellos municipios más rurales y apartados.
El departamento más afectado por esta cuestión en 2020 ha sido Antioquia, en noroeste de Colombia, con 14 masacres, seguido de las regiones suroeste Cauca y Nariño, con nueve respectivamente.
Fue precisamente en Nariño donde esta problemática volvió a hacerse visible en los medios de comunicación, después de la gran masacre registrada en la localidad de Samaniego, a mediados de agosto. El resto de asesinatos están localizados en una quincena de departamentos.