BOGOTA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Procuraduría destituyó e inhabilitó por un período de 20 años al ex presidente del Instituto de Seguro Social (ISS), Guillermo Fino Serrano, tras comprobarse que cometió un delito de lavado de dinero y que recibió 4.000 millones de pesos (cerca de 1,2 millón de euros) a cambio de la adjudicación de un contrato a la firma Fresenius Medical Care en 2002.
Además, en la misma determinación, el Ministerio Público decidió sancionarlo con el pago de una multa que supera los 25 millones de pesos (unos 7.860 euros), informa la emisora local 'Caracol Radio'.
En la investigación se constató que Fino Serrano exigió una comisión por firmar un contrato por 40.000 millones de pesos (unos 12,6 millones de euros) para la prestación de servicios médicos y quirúrgicos a pacientes con insuficiencia renal adscritos al ISS.
La participación correspondiente al 10% del valor total del contrato fue cancelada por el representante legal de la firma con recursos provenientes del anticipo de 16.000 millones de pesos (unos 5 millones de euros), efectuado por el Instituto el 5 de abril de 2002 mediante cheques girados a una cuenta clandestina a la contabilidad de Fresenius, abierta por ese mismo representante.
En la determinación del Ministerio Público se le reprochó a Fino el haber adjudicado y celebrado el citado contrato el 20 de marzo de 2002, incurriendo en "interés indebido y violación al principio de transparencia, igualdad, responsabilidad, economía y el deber de selección objetiva".
La Procuraduría pudo establecer que el ex funcionario público cobró además otra comisión para ordenar la cancelación de la cartera pendiente que tenía el Instituto con la firma Fresenius a la fecha de 30 de junio de 2001.
El Ministerio público consideró que Fino Serrano vulneró además los principios que sustentan la función administrativa, como la igualdad, la moralidad, la economía, la celeridad, la imparcialidad, olvidando que dicha función está al servicio de los intereses generales y no de los particulares.
De igual forma, concluyó el Ministerio Público, existió una violación del deber funcional al abusar de su posición, jerarquía y autoridad, solicitando una contraprestación para cumplir con su deber, obteniendo un indebido provecho patrimonial en el desempeño de su cargo.
La Procuraduría calificó tres de los cuatro cargos imputados como faltas gravísimas a título de dolo, ya que el ex funcionario conocía plenamente la irregularidad de los hechos y pese a ello, continuó con su conducta, incluso utilizando intermediarios para evitar dejar rastro en las transacciones.