MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
La dirección de Comunes, el partido surgido tras los acuerdos de La Habana, ha rechazado las acusaciones de esclavitud sobre los secuestrados de la ya extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia diera por buena una investigación de la Procuraduría en este sentido.
"Porque está en juego la dignidad de quienes firmamos, estamos cumpliendo con lo pactado en el acuerdo y hemos tomado conciencia de nuestros errores, no compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados sean ahora calificadas como esclavitud", ha dicho Comunes.
"Sería falta a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las FARC fue una organización esclavista", ha remarcado el partido en un comunicado, con las firmas, entre otros, de su secretario general, Rodrigo Londoño.
"Hemos llevado a cabo más de doscientos actos de reconocimiento de manera unilateral, donde escuchamos a las víctimas, conmoviéndonos profundamente con su dolor. Desde nuestra ética revolucionaria aceptamos responsabilidad, pese a que algunos sectores de la sociedad han querido desconocerlo o desinformar al respecto", se puede leer en el documento.
Por ello, y puesto que no reconocen la nueva calificación propuesta por la Procuraduría y aceptada por la Sala de Reconocimiento de la JEP, la antigua plana mayor de las FARC han anunciado que interpondrán los recursos que contemplan los acuerdos, reiterando una vez más, inciden, en "seguir aportando toda la verdad y seguir construyendo la paz que anhela el pueblo colombiano".
Además de Londoño, el comunicado ha contado con las rúbricas de Jorge Torres Victoria, alias 'Pablo Catatumbo'; Julián Gallo, Pastor Alape, Jaime Parra, Ricardo González, más conocido como 'Rodrigo Granda'; y Milton de José Toncel.
El pasado viernes, la JEP avaló una investigación de la Procuraduría General basada en los relatos de las víctimas, las cuales aseguran que "se vieron obligadas a "transportar guerrilleros y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo" durante su cautiverio.
"Estas conductas configuraron crímenes de lesa humanidad, por lo que los comparecientes del caso 01 (que versa sobre la toma de rehenes) tendrán diez días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad", señaló la Procuraduría en el documento al que la JEP ha hecho referencia.
La JEP ha acreditado como victimas de secuestro a 2.664 personas en el marco del 'macrocaso 01'. La extinta guerrilla habría cometido 8.600 privaciones de libertad entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. En enero fueron imputados ocho antiguos dirigentes del grupo armado por este tipo de delito, del que posteriormente reconocieron de forma individual su responsabilidad.