Archivo - Colombia.- La Fiscalía apunta a disidencias de las FARC por el secuestro de la senadora indígena en el sur de Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo
COLOMBIA, 12 Feb (EUROPA PRESS)
La Fiscalía General de Colombia identificó a la Columna Dagoberto Ramos, una fracción disidente de las FARC, como los presuntos secuestradores de Aida Quilcué, senadora del Pacto Histórico, quien fue liberada recientemente en Cauca junto a sus escoltas. Según declaraciones de Luz Adriana Camargo, liderando las investigaciones, se están recogiendo pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar la implicación directa de este grupo armado en el secuestro de Quilcué.
La líder indígena, quien en 2021 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y contó con el respaldo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), interpuso una denuncia tras haber sido secuestrada con sus escoltas en ruta hacia Popayán. El incidente ocurrió cuando fueron interceptados por hombres armados que los condujeron a un lugar desconocido, exigiéndoles silencio y advirtiendo sobre las consecuencias de no seguir sus órdenes.
"Nos hicieron bajar del vehículo y nos llevaron a un lugar desconocido. Nos dijeron que los acompañáramos, que guardáramos silencio, que de lo contrario tendríamos que asumir las consecuencias y que había que esperar que recibieran órdenes", relató Quilcué tras su liberación, aprovechando para denunciar el exterminio de las comunidades indígenas y el riesgo que corren los funcionarios públicos.
Además, los miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estaban con la senadora durante el secuestro, también han presentado una denuncia formal respecto al incidente, como informó 'El Tiempo'.
Quilcué, quien además fue consejera de Derechos Humanos y paz de la UNESCO, reveló haber recibido más de 100 amenazas de muerte en 2022. Recordó el asesinato de su esposo, Edwin Legarda, por fuego militar en 2008, un caso que fue ampliamente denunciado por organizaciones indígenas y por entidades como Amnistía Internacional.
Este suceso se suma a las crecientes inquietudes sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia, especialmente después del reciente anuncio del ELN de estar detrás del ataque que resultó en la muerte de dos escoltas del senador Jairo Castellanos, atribuyendo la responsabilidad al equipo de seguridad del senador por no acatar los controles impuestos en Arauca para evitar conflictos con otros grupos armados.