Publicado 24/09/2020 22:33CET

Colombia.- Dos magistrados del Supremo de Colombia critican el fallo de la corte que condena la brutalidad policial

Manifestantes protestan en las calles de Colombia.
Manifestantes protestan en las calles de Colombia. - -/VW Pics via ZUMA Wire/dpa

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos magistrados del Tribunal Supremo de Colombia han criticado duramente el fallo emitido por la corte que condena la brutalidad policial y las agresiones "sistemáticas" por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas.

Ambos consideran que debería haberse mantenido la decisión de primera instancia del Tribunal Superior de Bogotá, la capital del país, dado que varias de las violaciones alegadas carecían de pruebas que las demostraran, según han asegurado.

Los dos se han apartado del veredicto del tribunal y han dejado consignadas ahora duras críticas sobre la actuación del resto de magistrados. Uno de ellos, Álvaro Fernando García, ha considerado, además, que existían otras vías para remediar los presuntos daños.

"En la decisión de esta Sala debió primar el análisis calmado y no la enunciación emotiva y sin pruebas de unos hechos, que aunque muchas veces son de conocimiento general, por sí solos no ameritan la intervención de un órgano del poder público para ordenar a los otros actuar de una determinada manera, máxime si con esas órdenes se interfiere en sus funciones o se extralimita en las del órgano judicial", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que con esta decisión "se quiere imponer una forma de legislar y un estilo de administrar y gobernar", según informaciones del diario 'El Tiempo'.

Tal y como ha expresado, los jueces no pueden "darse largas para entrar en actuaciones propias de los legisladores o para ordenar a estos o a quienes administran la cosa pública que actúen de una u otra manera simplemente porque al juez le parece que es, según su punto de vista, lo que debe ser".

Sobre el fallo de la corte ha manifestado que "se abusa de normas y providencia para sustentar decisiones que, considera, se salen de las facultades de los jueces para repartir de forma desordenada y sin competencia decisiones mandando a los distintos funcionarios hacer cosas que si bien pueden tener la intención de protección de manera general, no están encaminadas a evitar en caso concreto alguno la vulneración de derechos fundamentales de sujetos determinados".

EL FALLO DEL SUPREMO

Se trata de una de las resoluciones más severas emitidas por el tribunal contra las fuerzas del orden colombianas, en especial contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), al que acusa, al menos desde 2005, de actuar de manera "impulsiva" y no "neutral" contra los manifestantes.

"Sus actividades no controladas representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión", ha señalado.

El Supremo también ha dado 48 horas al Ministerio de Defensa para que emita disculpas de manera oficial a todo el país por los desmanes cometidos por las fuerzas policiales y militares durante la huelga nacional de 2019, en la que el joven de 18 años Dilan Cruz murió a manos de un capitán del ESMAD.

Asimismo, ha ordenado al ESMAD que en 48 horas "suspenda el uso de las escopetas calibre 12", el arma, que contiene entre 600 y 700 perdigones de plomo, con la que Cruz fue disparado el 23 de noviembre de 2019, durante las protestas en Bogotá. También que envíe a la Fiscalía toda la documentación existente para que continúen las investigaciones sobre el caso.

El Tribunal Supremo también ha analizado los incidentes e intervenciones desproporcionadas llevadas a cabo por las fuerzas del orden desde 2005, como las agresiones registradas durante la manifestación nacional de los pueblos indígenas en 2017; las protestas universitarias en Bogotá y Barranquilla dos años después; numerosas muertes; y los casos de personas que han perdido al menos uno de sus ojos tras sufrir el impacto de proyectiles lanzados por la Policía.