Actualizado 11/09/2011 16:33

Colombia.- Un empresario condenado a cinco años de cárcel por el robo de tierras a campesinos en el norte de Colombia

Los paramilitares obligaron a marcharse a comunidades enteras para poner en marcha una gigantesca plantación de palma


BOGOTÁ, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario Iván Patiño Patiño ha sido condenado a cinco años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y daño ambiental por el robo de tierras de cultivo en la región de Urabá, en el norte de Colombia, a pequeños propietarios que eran amenazados de muerte por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

"En 1997, las Autodefensas, en connivencia con miembros de la brigada XVII del Ejército, incursionaron de manera violenta (...). Una vez ideado el proyecto (palmicultor) y establecido el sitio donde se desarrollaría, su creador, Vicente Castaño, se dio a la tarea de contactar a empresarios antioqueños y costeños, encargados de realizar parte de la inversión económica para su ejecución y darle visos de legalidad", recoge la histórica sentencia difundida por los medios colombianos.

Las tierras pasaron a ser propiedad de Palmas S.A., que obtuvo posteriormente ayudas millonarias del Estado para el cultivo de palma. El gerente de la empresa, Patiño, ha sido condenado a casi once años de prisión, aunque finalmente la pena se ha reducido a la mitad porque el acusado ha aceptado los cargos.

La jueza del Juzgado Especializado de Quibdó ha condenado a otros cuatro años de prisión a un representante de la Asociación de Pequeños Productores de Palma, Luis Alberto Flórez, quien también colaboró en el robo.

"Nosotros no queríamos vender. Eran tierras que costaban un millón por hectárea, pero por amenazas tocó venderlas a 200.000 pesos (unos 81 dólares). Nos decían que si no vendía el hombre, vendía la viuda", relató una de las víctimas de la extorsión, según la sentencia.

ASESINATOS, DESPLAZAMIENTOS Y SUPLANTACIONES

El tribunal reconoce que dos de las víctimas del robo, ya fallecidas, fueron suplantadas ante una notaría para facilitar la venta, necesaria para una gran explotación de palma africana en Urabá, una especie extraña que fue plantada en una zona protegida.

Sixto Pérez llevaba tres años enterrado cuando supuestamente firmó en la notaría de Carepa la cesión de sus derechos sobre la finca La Nevera, que en la misma operación multiplicó milagrosamente su extensión de 33 a 4.241 hectáreas. El otro es Lino Alfonso Díaz Almario, quien apareció en la misma notaría en marzo del 2000, cinco años después de haber muerto, para vender su finca Santa Teresita, que pasó de tener 18 hectáreas a casi 6.000.

El caso además se ha convertido en emblemático porque supuso el desplazamiento forzoso de más de 4.000 personas en Chocó, incluidas las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, lo que ha provocado la intervención de instancias internacionales.

Algunos de los que huyeron se atrevieron a volver a sus territorios ancestrales cuatro años después, pero se encontraron con las primeras siembras de palma y con títulos de propiedad que decían que ya no eran dueños de nada. Los paramilitares volvieron a echarlos y en las comunidades se habla de más de 100 muertos y desaparecidos.

Una religiosa que estuvo en la zona cuenta que vio pasar camionetas que llevaban muertos "como si fueran bultos": "Yo pregunté qué llevaban ahí y me contestó la gente que cadáveres, porque aquí matan mucha gente del lado del sembrado de la palma".

Del terror se encargaron los temidos 'mochacabezas', 'paras' que pasaron por varios pueblos decapitando a sus víctimas. "Le cortaron la cabeza a una señora y la pusieron en la entrada de una finca", contó uno de los desplazados.

Lo que ocurrido en Chocó se repitió por lo menos en otros seis municipios de Urabá, según una investigación de la Superintendencia de Notariado, que revisa cómo 42.000 hectáreas cambiaron de manos en los últimos 15 años. En muchos de esos negocios aparece como comprador el Fondo de Ganaderos de Córdoba, y la vendedora es precisamente Sor Teresa Gómez, la hermana política de los Castaño.