Actualizado 09/09/2010 17:09

Colombia/España.- Intermón insta al Gobierno español a priorizar los DDHH en sus relaciones con el Ejecutivo de Santos

Un informe de la ONG denuncia que España ha puesto por delante sus intereses comerciales y políticos


MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Intermón Oxfam, la sección española de la organización Oxfam International, ha instado al Ejecutivo español a aprovechar el cambio de gobierno en Colombia, donde el pasado mes de agosto asumió el poder el nuevo presidente, Juan Manuel Santos, para priorizar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en las relaciones bilaterales.

Según un informe publicado este jueves por Intermón que analiza las relaciones entre ambos países y se titula '¿Dónde quedan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario?', hasta ahora España ha ejercido "muy poca influencia" para que se respeten los Derechos Humanos en Colombia a pesar de la capacidad y el deber que tiene de hacerlo y de situar este propósito "por delante de cualquier otro interés".

Helena Vidal-Folch, la responsable del informe, explicó que en opinión de su organización, el cambio de gobierno en el país sudamericano puede ser "esperanzador" en esta materia, o al menos eso deduce de las declaraciones públicas que han hecho Santos y varios miembros de su Gobierno. Somos "prudentes pero optimistas", declaró.

Por eso, Intermón espera que España aproveche este momento para introducir cambios en sus relaciones con Colombia denunciando las violaciones de los Derechos Humanos y la impunidad de la que disfrutan sus autores, supeditando la firma de acuerdos bilaterales a una mejora de la situación de los Derechos Humanos, respetando las normas de la Unión Europea en materia de exportación de armas y utilizando los instrumentos disponibles para hacer un seguimiento de la situación de esos derechos.

Tanto desde el Gobierno de José María Aznar como desde el actual se ha dado tradicionalmente un "apoyo incondicional" a Colombia, un hecho que esta organización considera "positivo", si bien advierte de que esto significa que a veces se ignora el "problema gravísimo" que tiene este país en el área de los Derechos Humanos, que España "debe defender" en todo el mundo.

EL CONFLICTO

El estudio recuerda que en Colombia existe un conflicto interno entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) no se reconoció en ningún momento ese "conflicto" y sólo se hablaba de "guerra contra el terrorismo", con las secuelas que esto ha producido en la población civil.

El número de personas que han abandonado sus hogares y se han desplazado a otros lugares del país a causa del conflicto es de entre 2,8 y 4 millones --la segunda cifra más alta del mundo, sólo por detrás de Sudán--, muchos de los cuales han perdido así sus tierras.

Además, hay entre 8.000 y 11.000 niños y niñas soldado, y su reclutamiento por parte de todos los actores del conflicto es una práctica "sistemática y habitual", según la Corte Constitucional de Colombia.

El informe indica que este problema está vinculado al del desplazamiento y a la violencia sexual contra civiles y guerrilleras, que alcanza "cifras alarmantes", según la ONU. Este tipo de violencia es un problema "especialmente acuciante", de acuerdo con Intermón, porque se utiliza como "arma de guerra" y para humillar al contrario. La Corte Constitucional ha advertido de que es una práctica "extendida, habitual, sistemática e invisible".

Otros problemas a los que se enfrentan los colombianos son el gran número de minas terrestres que ponen en peligro sus vidas y las ejecuciones extrajudiciales, que están "a la orden del día" y afectan sobre todo a grupos vulnerables --como indígenas, sindicalistas o afrodescendientes--, afirmó Vidal-Folch. Colombia es el país en el que se han registrado más homicidios de sindicalistas, el 60 por ciento del total mundial.

Asimismo, el estudio hace referencia a los 'falsos positivos', el asesinato de civiles inocentes por parte de militares que los hacen pasar por guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios y recompensas, y destaca la impunidad que reina ante las violaciones de los Derechos Humanos porque ni siquiera se investigan y porque el sistema de justicia "no funciona". A juicio de Intermón, las víctimas merecen "verdad, justicia y reparación" del daño sufrido.

RELACIONES POLÍTICAS

En el ámbito de las relaciones políticas entre España y Colombia, el informe recuerda que para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las relaciones bilaterales son "excelentes". En 2008 se firmó un Plan de Asociación Estratégica que elevó las relaciones al más alto nivel.

Pese a ello, España nunca ha hecho declaraciones públicas sobre las violaciones de los Derechos Humanos en el país sudamericano, una actitud que debe cambiar porque si no "parece que las legitima", subrayó la autora.

Además, nunca se ha supeditado la firma de un acuerdo entre los dos países al cumplimiento por parte del Ejecutivo colombiano de sus obligaciones en esa materia. Intermón reclama que se haga y que haya un seguimiento para saber si las autoridades colombianas cumplen lo prometido.

RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES

Sus relaciones económicas y comerciales son, según el estudio, "privilegiadas", algo que queda reflejado en el gran peso de las inversiones directas españolas en Colombia (se sitúan sólo por detrás de Estados Unidos), país que figura además entre los diez que más importaciones españolas reciben.

Pero sus relaciones comerciales dependen de las normas que establece la Unión Europea. En este contexto, Colombia disfruta del Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza, que exige a los países beneficiarios una serie de condiciones, entre ellas el cumplimiento de 27 convenciones internacionales en los ámbitos de Derechos Humanos, derechos laborales, desarrollo sostenible y buen gobierno.

España apoya que se aplique ese régimen a Colombia a pesar de que otros países europeos han manifestado su oposición porque las violaciones de los Derechos Humanos que se dan en Colombia suponen el incumplimiento de varias de esas convenciones.

En cuanto a la exportación de armas a Colombia, el informe incide en la "incongruencia" del Gobierno español, que ha ido incrementando de manera considerable en los últimos años el volumen de esas exportaciones mientras declara que sus relaciones bilaterales se basan en el apoyo a la búsqueda de la paz ante el conflicto armado que sufre ese país. Por eso, Oxfam reclama "coherencia" y que se cumplan las normas europeas en este ámbito.

COOPERACIÓN

Por último, el informe constata que en los últimos años la ayuda de la cooperación española a Colombia ha aumentado "exponencialmente", si bien las partidas destinadas al respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario no han representado nunca, de media, más del 3 por ciento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), un dato "muy llamativo", según Vidal-Folch.

Además, Intermón critica las "oscilaciones" que se han producido de un año a otro en los montos de esa ayuda, lo cual demuestra que "no es una apuesta fija y firme" de la cooperación española. Igualmente, en su Plan de Actuación Especial en Colombia hay una "omisión inexplicable" si lo que se quiere es contribuir a la paz, según la organización, de las "flagrantes" violaciones de esos derechos.

Por último, Intermón recomienda que las políticas de la AOD española se dirijan a organismos que no sean demasiado dependientes del Gobierno colombiano y que, en cambio, se apoye de forma más directa a las víctimas y a las organizaciones que las representan.