Publicado 29/01/2021 03:45CET

Colombia.- Los ex FARC acusados por la JEP de secuestro reafirman que su compromiso con la justicia "es indeclinable"

    Tras la confirmación del secuestro de los periodistas Diego D'Pablos, Carlos Melo y Salud Hernández, el máximo jefe de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez --alias 'Timochenko'-- ha destacado que es necesario "que estas prácticas terminen"
Tras la confirmación del secuestro de los periodistas Diego D'Pablos, Carlos Melo y Salud Hernández, el máximo jefe de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez --alias 'Timochenko'-- ha destacado que es necesario "que estas prácticas terminen" - COLPRENSA - Archivo

Duque pide sanciones "efectivas" y "proporcionales" contra ellos

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis de los antiguos altos mandos de las disueltas FARC acusados el miércoles de secuestro por parte de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y que hoy forman parte del partido surgido de la guerrilla, Comunes, han informado este jueves de que se encuentran estudiando el caso, pero han insistido en que su compromiso con la paz, la justicia y la reparación de las víctimas "es indeclinable".

Un día antes, la JEP acusó de secuestro a ochos antiguos jefes de la ya desmovilizada guerrilla por su responsabilidad en cerca de 21.400 "privaciones graves de la libertad", cometidas entre 1993, año en el que se comenzó a tener registro de los mismos, y 2012, aunque la mayoría de estos delitos, apunta, se cometieron entre 1998 y 2002.

Entre los señalados está el secretario general de Comunes, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', y otros cinco representantes del partido, como Pastor Alape; Jorge Torres, alias 'Pablo Catatumbo'; Julián Gallo, alias 'Carlos Antonio Lozada'; Rodrigo Granda Escobar, conocido como 'Ricardo Téllez'; y Jaime Alberto Parra, alias 'Mauricio Jaramillo'.

En un comunicado difundido a través de la cuenta de Twitter de Comunes, quienes lo firman recuerdan que durante el proceso previo a la acusación de la JEP, ellos aportaron "verdad", además de "contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer las demandas de las víctimas".

"Esa conducta nuestra no cambiará ya que nuestro compromiso con la paz es indeclinable", han subrayado.

Horas antes de que se hiciera publico el texto, el senador por Comunes, 'Carlos Antonio Lozada', insistió en que respetarán "las decisiones que tome la justicia", puesto que "ese es el compromiso", ha recordado.

"Es una demostración, además, de que a pesar de los ataques de los detractores del sistema, entre ellos el Centro Democrático, el propio presidente (Iván Duque), esta jurisdicción avanza", ha enfatizado.

Entre quienes no han firmado están Juan Hermilo Cabrera, también conocido como 'Bertulfo Álvarez', quien falleció el mismo día en que la JEP hizo pública la acusación, y Milton de Jesús Toncel, apodado 'Joaquín Gómez', quien no participó en la reciente II Asamblea General del partido, en la cual se acordó cambiar el nombre de FARC por el de Comunes, por desacuerdos con la directiva.

DUQUE EXIGE SANCIONES "EFECTIVAS"

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha aprovechado la coyuntura para cargar contra los ahora senadores de Comunes, para quienes ha pedido sanciones "efectivas" y "proporcionales" y evitar así, "el doble rasero" que se ha estado permitiendo con ellos.

"No podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus escaños con condenas por crímenes de lesa humanidad", ha considerado.

VÍAS JUDICIALES PARA LOS ANTIGUOS GUERRILLEROS

Londoño y el resto de acusados disponen ahora de 30 días hábiles para decidir si aceptan o no su responsabilidad en estos crímenes que se les imputan, al igual que las víctimas y la Fiscalía que podrán presentar sus alegaciones. Tras ello, la JEP emitirá sus conclusiones y será el Tribunal de Paz quien decida las sanciones.

En caso que los antiguos altos mandos del grupo armado acepten los cargos se pueden enfrentar a penas de prisión domiciliaria de entre 5 y 8 años, tal y como contempla la JEP, creada también para facilitar la desmovilización de los guerrilleros y su incorporación a la vida civil.

Si optan por no aceptar los cargos e ir a juicio, en caso de que se falle en su contra, pueden recibir penas de cárcel de entre ocho y 20 años, y de entre cinco y ocho años si dan marcha atrás y se declaran culpables durante el proceso judicial.