Actualizado 20/03/2013 07:44 CET

Colombia.- Las FARC proponen "desmilitarizar las zonas rurales, de la sociedad y del Estado"

BOGOTÁ, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han propuesto este martes "desmilitarizar las zonas rurales, de la sociedad y del Estado" para abandonar "la doctrina de la 'seguridad nacional' impuesta por el Pentágono".

El 'número dos' de las FARC, alias 'Iván Márquez', ha presentado este martes en el Palacio de Congresos de La Habana --donde se desarrolla el diálogo de paz-- nueve propuestas destinadas a "avanzar en la democratización de las relaciones urbano-rurales, en atención a un principio de justicia social territorial".

Entre ellas, destaca la propuesta de desmilitarización de dichas zonas del territorio colombiano, que --según ha argumentado-- debe complementarse con "la no estigmatización de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; y el reconocimiento y el respeto a sus territorios".

La FARC han abogado por "el reconocimiento de la riqueza pluriétnica y multicultural de la sociedad rural, hasta ahora sometida a la marginalidad y la exclusión". "Para ello se requiere el impulso de programas especiales tanto en la ciudad como en el campo que contribuyan a la aprehensión social de tal riqueza y de sus aportes", han indicado.

En este sentido, han demandado una "organización institucional para democratizar las relaciones entre la ciudad y el campo con participación política de las comunidades rurales mediante circunscripciones especiales". "La justicia social territorial conlleva una redistribución democrática del poder que reconozca las comunidades excluidas o débilmente representadas", han dicho.

También han abogado por "el desarrollo y ordenamiento territorial para el buen vivir de la población mediante programas fundamentados en un criterios que posibiliten la estabilidad y la sostenibilidad de la sociedad rural y, en especial, que protejan en primera instancia el derecho a la tierra y generen las condiciones para el disfrute de los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales".

"Tal ordenamiento debe atender a principios de justicia social territorial, al respeto del territorio y de las territorialidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, procurando la dotación con infraestructura física y social que garantice condiciones dignas de vida y de trabajo, así como la protección y el apoyo a la ruralidad urbana", han apuntado.

A este respecto, han propuesto "encadenamientos equitativos entre economías rurales y urbanas, privilegiando la consolidación y la estabilidad de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como a los consumidores urbanos de los sectores medios y pobres de la población".

"Se promoverá un sistema de compras estatales de los productos de las economías rurales, especialmente de alimentos; se estimulará su valor añadido; y se propiciarán y apoyarán formas asociativas", ha planteado la guerrilla.

Asimismo, ha exigido "protecciones especiales frente a la política macroeconómica y de comercio exterior neoliberal, elaborada en los centros urbanos del poder económico y político, la cual ha afectado de manera significativa la economía de la sociedad rural de producción de alimentos".

"Mientras se producen los cambios necesarios en el modelo económico y la política económica general, se adelantarán acciones de protección frente a la revaluación del peso, el endeudamiento --incluida la condonación de las deudas campesinas-- y los impactos generados por los tratados de libre comercio", ha señalado.

AYUDA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Las FARC también han propuesto "destinar durante los próximos 10 años recursos extraordinarios, equivalentes al menos al cinco por ciento del PIB, para "la reparación de la deuda histórica, política, económica, social, ambiental y cultural con el campo y su población, producto del ejercicio de la violencia estatal y paramilitar, de la depredación socioambiental y de la política económica imperante".

La guerrilla ha establecido que "este fondo extraordinario para la justicia social territorial tendrá un valor mínimo de 300 billones de pesos (128.697 millones de euros), sin perjuicio de los recursos anuales que actualmente se destinan a la financiación de la política sectorial y social en el campo".

"Serán fuentes de financiación, entre otras, el impuesto a la gran propiedad latifundista, el establecimiento de la doble tributación para grandes contribuyentes, el impuesto de justicia social territorial --proveniente de una sobretasa al impuesto de rentas y utilidades de grandes contribuyentes y al impuesto a las regalías-- y la renegociación de la deuda pública externa e interna", ha indicado.

El grupo armado también ha abogado por "diseñar una fiscalidad para un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo, a partir de un sistema de transferencias específicas del Gobierno en forma de una bolsa de recursos que permita financiar la organización territorial basada en el reconocimiento de los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes".