Actualizado 14/12/2012 06:17

Colombia.- La FIDH advierte de que el nuevo fuero militar podría suscitar una investigación contra Colombia en el TPI


BOGOTÁ, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha advertido este jueves de que la reforma constitucional sobre el fuero militar de Colombia "podría dar lugar a la apertura de una investigación por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI)", en un comunicado publicado en su página web.

La FIDH ha expresado "su profunda preocupación por la aprobación del fuero militar", ya que "abre el paso a la consagración de la impunidad" al "priorizar abiertamente la seguridad jurídica de los militares que podrían ser responsables de graves crímenes sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".

Así, ha considerado que el nuevo fuero militar "supone un alarmante retroceso para la democracia colombiana y para la justicia y los derechos de las víctimas que, en consecuencia, podría afectar al proceso de paz en curso" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por ello, ha apuntado que "afecta a las obligaciones internacionales de Colombia en materia de Derechos Humanos" y que, por tanto, podría interpretarse como una ausencia de voluntad del Gobierno colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los más altos responsables de estos crímenes".

La FIDH ha explicado que dicha actitud de las autoridades colombianas "podría dar lugar a la apertura de una investigación por parte del TPI, en virtud del principio de complementariedad", según el cual el alto tribunal actuará cuando la justicia nacional no lo haga y actuará directamente cuando se trate de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

A este respecto, ha recordado al Estado colombiano que "tiene la obligación de esclarecer los crímenes internacionales y las infracciones al Derecho Humanitario cometidas por los miembros de la fuerza pública y de depurar el Ejército a sus más altos niveles para evitar que dichos crímenes se reproduzcan".

CRÍTICAS AL FUERO MILITAR

En concreto, la FIDH se ha referido a los puntos más importantes del nuevo fuero militar. En primer lugar ha considerado "sumamente grave" que las infracciones del Derecho Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública pasen a ser de competencia de la justicia militar", a pesar de que los crímenes más graves recaen sobre la justicia ordinaria.

"La justicia militar debe ser excepcional y limitada a la investigación y el juzgamiento de los delitos de índole militar, sin que, bajo ninguna circunstancia pueda conocer de violaciones de Derechos Humanos, incluyendo las infracciones del Derecho Humanitario, perpetradas contra la población civil", ha argumentado.

En segundo lugar, ha indicado que "es objeto de gran preocupación la creación de un Tribunal de Garantías Penales, que ejercerá un control formal y material de cualquier proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública".

"Este Tribunal, que carece de autonomía, imparcialidad e independencia por estar formado por militares retirados, se convierte en un instrumento para la impunidad tanto en los casos que podría conocer la justicia militar como en los casos que podría conocer la justicia ordinaria", ha señalado.

Además, ha indicado que ello supondrá que, "en aplicación del principio de favorabilidad, los militares procesados por casos de 'falsos positivos' en la justicia ordinaria podrán acudir a este Tribunal argumentando, por ejemplo, que las víctimas eran guerrilleros caídos en combate, pasando así a depender de la justicia militar".

En tercer lugar, ha expresado su rechazo "a que los miembros de la Fuerza Pública cumplan su condena en centros penitenciarios especializados, gozando así de beneficios y privilegios, por lo que se trata de otro mecanismo de impunidad".

La FIDH también ha criticado que "se asigne a cargo del presupuesto general del Estado la defensa penal de los miembros de la Fuerza Pública frente a cualquier delito que cometan, en vulneración del principio de igualdad".

Asimismo, ha estimado que "resulta particularmente alarmante que se establezca un plazo de un año para que la Fiscalía y la justicia militar determinen qué investigaciones contra miembros de las Fuerzas Armadas quedarán en la justicia ordinaria y cuáles en la justicia militar".

Por último, ha criticado al Jefe del Estado Mayor y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas por "usar el término de 'guerra jurídica' para atacar a los defensores de los Derechos Humanos que representan a las víctimas de crímenes internacionales".