El Fiscal General de Colombia denuncia un supuesto fraude por parte de los funcionarios del tribunal de la JEP

Las FARC-EP colaron a 25 capos narcotraficantes en las listas de desmovilizados
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Actualizado 08/09/2018 8:22:06 CET

BOGOTÁ, 8 Sep. (Reuters/EP) -

El Fiscal General colombiano ha denunciado este viernes que varios de los funcionarios del tribunal encargados de investigar y sancionar a responsables de crímenes en el conflicto armado local estarían cometiendo fraudes para encubrir incumplimientos del acuerdo de paz por parte de excomandantes de las desmovilizadas FARC.

La denuncia se ha producido un día después de que la Misión de Verificación de Naciones Unidas informase de que seis dirigentes de las FARC habían abandonado las zonas de reintegración incumpliendo sus responsabilidades con el proceso de paz y dejando sin dirección a 1.500 excombatientes.

"La Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos inescrupulosos, estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la jurisdicción especial de paz no actúe como debe actuar, cumpliendo con la constitución y la ley", ha declarado el fiscal Néstor Humberto Martínez, que fue quien ordenó en un primer momento la investigación.

El fiscal ha advertido en una intervención en un evento que si un exguerrillero reincide, comete crímenes, viola el principio de no repetición e incumple el acuerdo de paz, le corresponde a la Justicia Especial para la Paz (JEP) excluirlo de ese tribunal para que la Fiscalía lo procese sin ningún tipo de privilegio.

La JEP anunció en un comunicado que la Fiscalía General dejó en claro que no se trata de ningún funcionario adscrito a la magistratura, y anunció su disposición a colaborar con la investigación.

El Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos firmó en 2016 un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado unos 260.000 muertos.

Bajo los términos del acuerdo, unos 12.000 integrantes del grupo rebelde, incluidos más de 6.000 excombatientes, abandonaron las armas y conformaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como parte de su reintegración a la sociedad.

A los excombatientes se les ha otorgado amnistía y ayuda financiera en virtud del acuerdo, pero se espera que los excomandantes sean juzgados en la JEP por presuntos crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, por lo que deberían cumplir condenas alternativas si son declarados culpables.

El presidente Iván Duque, que en campaña prometió hacer cambios al acuerdo para exigir que los excomandantes rebeldes responsables de crímenes de guerra respondan primero ante la justicia antes de ocupar cargos políticos, ha establecido en varias ocasiones que si se comprueban incumplimientos se deben imponer sanciones ejemplares.

"Si la Fiscalía General de la Nación ha detectado que hay personas que hicieron parte de ese proceso de desmovilización, desarme y reinserción que siguieron actividades criminales debe proceder con las investigaciones y se debe apelar con una sanción ejemplarizante", advirtió el mandatario.

Martínez no ha revelado los nombres de los exdirigentes rebeldes que habrían incumplido los compromisos del acuerdo de paz, ni detalles de los funcionarios del tribunal que estarían involucrados en las maniobras de fraude.