MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Colombia ha detenido este miércoles a un sargento mayor de la Policía Metropolitana de Ibagué por su responsabilidad en la muerte de un joven durante las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado primero de mayo en esta ciudad, situada en el en el centro-oeste del país, en el marco de las protestas que desde hace más de un mes se vienen celebrando en varias regiones más.
El fiscal general, Francisco Barbosa, ha explicado que este agente de la Policía es requerido por las autoridades por "un delito de homicidio", pues "habría disparado su arma en medio de las manifestaciones que se registraban en una zona comercial de la capital del departamento de Tolima", Ibagué, provocando la muerte del joven de 19 años Santiago Murillo Meneses.
Las pruebas recabadas "dan cuenta de que el uniformado actuó de manera desproporcionada y contrariamente a lo establecido en los protocolos definidos para controla estas situaciones", se le escucha decir a Barbosa en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de Colombia.
"Es importante decir, que esta persona había sido puesta en libertad por un juez penal militar el pasado fin de semana. En este caso, la Fiscalía ha sido incisiva, planteó un conflicto de jurisdicciones ante un juez de garantías que le permitió compulsar copias para que este juez militar sea investigado penalmente", ha dicho.
De acuerdo con la información que maneja la Fiscalía, el muchacho, que no participaba en las protestas, fue alcanzado por uno de los proyectiles cuando se dirigía hacia su domicilio.
Meneses es una de las 51 víctimas mortales que se han registrado desde el inicio de las protestas a finales de abril, según datos de la Fiscalía. Por su parte, las ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) han cifrado también en 70 las personas que han resultado heridas por armas de fugo durante las marchas.
La labor de la fuerza pública colombiana se ha vuelto a poner en entredicho en las últimas semanas, en especial por la violencia policial ejercida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Hace unos días la Justicia Penal Militar ha anunciado que ha abierto una investigación contra al menos siete agentes que habrían permitido a civiles disparar contra manifestantes en una protestas en Cali.
Ante esta situación Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha aterrizado esta semana en Colombia para conocer sobre el terreno qué está sucediendo, habiendo ya mantenido encuentros con el Gobierno y sus autoridades, así como con la sociedad civil.
Mientras tanto, la Comisión Nacional del Paro ha convocado una nueva marcha para este miércoles en Bogotá después de que el Gobierno se haya negado a firmar los preacuerdos sobre una serie garantías civiles en las protestas.